Chihuahua.- La eurodiputada española Diana Riba i Giner urgió a las autoridades de Chihuahua a implementar una estrategia integral para atender a las familias desplazadas por la fuerza dentro del estado, garantizando vivienda, alimentación, educación, asistencia jurídica y recuperación de sus medios de vida, además de condiciones de seguridad para quienes decidan regresar a sus comunidades.
Durante una reunión de trabajo encabezada por la Secretaría General de Gobierno, donde se presentó el proyecto 'Puentes de Solidaridad', la legisladora europea compartió las necesidades detectadas en su acercamiento con familias desplazadas y organismos que participan en su atención.
En el encuentro participaron representantes de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), organizaciones de la sociedad civil, enlaces humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno de Chihuahua.
Riba i Giner enfatizó que la atención no debe limitarse a resolver necesidades inmediatas, sino que debe contemplar una respuesta de largo plazo que incluya alojamiento, alimentación, escolarización, asesoría jurídica y mecanismos para recuperar las actividades económicas perdidas al abandonar sus comunidades.
Advirtió sobre las barreras culturales y lingüísticas que enfrentan las personas desplazadas, particularmente los integrantes de pueblos indígenas, por lo que consideró necesario garantizar intérpretes de lenguas originarias y una atención culturalmente adecuada.
Planteó establecer mecanismos para que los procesos de retorno a las comunidades de origen sean dignos y seguros, pues no basta con facilitar el regreso de las familias; deben existir condiciones que protejan su integridad.
La eurodiputada también destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno mediante una mesa institucional que reúna a las autoridades y organismos involucrados en la atención de las víctimas. Explicó que, aunque cada instancia gubernamental cuenta con atribuciones y recursos distintos, las familias enfrentan una problemática común, por lo que resulta necesario evitar que tengan que acudir a distintas dependencias para resolver sus necesidades.
Finalmente, sostuvo que las acciones de asistencia deben acompañarse de una revisión de las causas que originan el desplazamiento forzado, entre ellas la violencia, la impunidad y las disputas por el control del territorio y los recursos naturales. Consideró que, además de atender las consecuencias humanitarias, las autoridades deben mirar hacia los factores que provocan que las familias abandonen sus comunidades, a fin de construir soluciones que impidan la repetición de estos escenarios.
