Ciudad de México.- La Cámara de Diputados dio luz verde en lo general a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, un proyecto presidencial que busca acelerar la adopción de transacciones electrónicas en México. Con 330 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención, la iniciativa plantea reducir gradualmente el uso de efectivo en la economía.
El dictamen consta de cinco títulos y cinco disposiciones transitorias. Entre sus puntos clave, obliga a los tres niveles de gobierno a aceptar pagos digitales en trámites y servicios, y fomenta el uso de transferencias, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología NFC, siempre que estén avaladas por autoridades financieras.
Contingencias y alcances de la ley
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad de definir sectores estratégicos donde el pago digital será la única opción. Sin embargo, el artículo 15 establece que "cuando una contingencia imposibilita la recepción de pagos digitales y electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque. La contingencia no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la ley".
El Banco de México (Banxico) asumirá atribuciones sobre transferencias, aplicaciones y servicios financieros para pagos con códigos QR. Además, la CURP digital será aceptada como identificación oficial en la contratación digital de servicios financieros, y se creará un Expediente Digital Ciudadano con validez jurídica equivalente a los documentos físicos.
Defensa y críticas en el pleno
Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió la propuesta como un marco para ampliar la adopción de pagos digitales con mayor seguridad y menores costos. "Se busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y de las autoridades", señaló.
Por su parte, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que la propuesta no aclare quién asume los costos de las transferencias. "Proponemos algo muy sencillo: que la ley diga expresamente que los costos de terminales, QR, conectividad y adaptación para micro y pequeños negocios los asume el Estado, así como la infraestructura que habrán de desarrollar los municipios pequeños de pocos recursos con un fondo etiquetado en el presupuesto, y que se prohíba trasladar esas comisiones al consumidor", expresó.
Homero Niño de Rivera, del PAN, fue más allá y criticó el "talante autoritario" y "prepotente" del gobierno federal. "Esta iniciativa es así, es autoritaria, es arrogante, es prepotente, como todo lo que ustedes vienen a presentar aquí. Lo de ustedes es un autoritarismo salvaje, es ya patológico", declaró.
En contraste, Cindy Winkler Trujillo, del PVEM, rechazó las críticas y aclaró que ante fallas de internet, electricidad o sistemas de pago, la gente podrá pagar con cheque o efectivo. También negó que la ley cree nuevos impuestos o facultades de fiscalización para el SAT. "El dictamen que estamos votando no crea impuestos ni tampoco nuevas facultades de fiscalización para el Servicio de Administración Tributaria (SAT)", puntualizó.
