La directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), Fernanda Martínez, advirtió que las becas y apoyos económicos resultan insuficientes para proteger a los jóvenes si no van acompañados de educación, oportunidades y medidas que impidan su captación por grupos delictivos. La funcionaria llamó a fortalecer las políticas públicas dirigidas a este sector y a tipificar a nivel federal el reclutamiento forzado.

Martínez sostuvo que el problema de las juventudes no puede reducirse a la entrega de recursos, pues un estudiante puede recibir una beca y, al mismo tiempo, estar expuesto a un sistema educativo deficiente, a la falta de oportunidades o a la violencia criminal. "El gobierno federal piensa que con eso ya estuvo, ya ayudé a los jóvenes de México, ya con eso van a salir adelante, ya con eso van a crecer cuando tienes a un estado, a un sistema educativo cayéndose a pedazos", afirmó.

La funcionaria reconoció que los apoyos económicos pueden ser indispensables para algunos estudiantes y sus familias, pero consideró insuficiente asumir que el problema queda resuelto con una transferencia económica. "Si yo les puedo decir que los jóvenes representamos en Chihuahua más de la mitad de la población, imagínense en México", señaló. Martínez vinculó esta situación con el riesgo de reclutamiento por parte de organizaciones criminales: "Gracias, me diste mi beca, pero luego salgo y me recluta el crimen organizado", planteó.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano han advertido que en México no existe todavía un tipo penal específico para el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Esa ausencia dificulta conocer la dimensión real del fenómeno. Un análisis de REDIM basado en información del INEGI revela que, durante 2024, entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos vinculados a la delincuencia organizada.

Chihuahua concentró 8.8 por ciento de los adolescentes privados de la libertad por esos delitos en 2024, solo detrás del Estado de México (18.5 por ciento) y Sonora (13.9 por ciento). En la entidad, se registraron 29 adolescentes privados de la libertad por feminicidio u homicidio, 54 por secuestro y desaparición forzada, seis por robo de vehículo y dos por posesión y acopio ilícito de armas. Estas cifras forman parte de la metodología de REDIM, pero no equivalen directamente al número de menores reclutados.

La organización Reinserta estima que entre 140 mil y 250 mil menores de edad están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado en México, y reporta que más de 40 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos violentos cada año. En abril de 2025, el diputado local Pedro Torres Estrada presentó una iniciativa en el Congreso de Chihuahua para reformar el Código Penal estatal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de combatir el reclutamiento forzado de menores.

La propuesta, que recibió adhesiones del PAN y del PVEM, plantea sanciones de tres a seis años de prisión y multas para quienes procuren, induzcan, faciliten o recluten a menores para actividades delictivas. A nivel federal, la Cámara de Diputados discutió durante 2026 iniciativas para incorporar el reclutamiento forzado a la legislación nacional. Una de ellas propone reconocerlo como delito autónomo y considerar víctima a toda persona menor de 18 años reclutada, aun con supuesto consentimiento.

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó el 9 de septiembre que existen avances en la Comisión de Justicia para tipificar el reclutamiento forzado y que hay consenso entre grupos parlamentarios. Su propuesta plantea penas de 10 a 20 años de prisión, con agravantes que podrían elevarlas hasta 40 años cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. "Hay una laguna jurídica, porque no estamos hablando ni de corrupción de menores ni de trata de personas, el delito es reclutamiento forzado", sostuvo el legislador.

Para Martínez, la respuesta no debe concentrarse únicamente en modificar las leyes una vez que los jóvenes ya fueron captados, sino en generar condiciones que reduzcan su vulnerabilidad. Pidió priorizar la educación, el pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología, así como oportunidades para que los jóvenes desarrollen proyectos y aspiraciones profesionales. "La juventud chihuahuense y la juventud mexicana está en las ciencias y en las tecnologías", afirmó. "Hay cosas tan importantes que deben de hacerse", dijo al referirse al reclutamiento de menores, y sostuvo que entregar apoyos económicos sin atender las condiciones de fondo deja abierta la posibilidad de que los jóvenes continúen expuestos a otras formas de violencia y captación criminal.