Ciudad de México.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a México a aplicar una política fiscal más contundente para frenar el crecimiento de su deuda pública. La advertencia se produce pese a que la consolidación fiscal continuó en 2026, aunque con un ajuste menos pronunciado que el registrado en 2025.
Las proyecciones del organismo apuntan a un crecimiento económico moderado para el país. En 2026, la economía mexicana avanzaría 1.5 por ciento, mientras que para 2027 se espera una expansión de 1.8 por ciento, impulsada por un mayor dinamismo de las exportaciones hacia Estados Unidos y un efecto limitado del aumento global en los precios de la energía.
En materia de deuda, el FMI calcula que la deuda bruta del sector público alcanzará 62.1% del Producto Interno Bruto (PBI) este año. Para 2027, la cifra escalaría a 62.9 por ciento, lo que refleja una trayectoria ascendente que preocupa al organismo.
Presupuesto 2027: consolidación más gradual
Tras una marcada reducción del déficit en 2025, los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas continuaron en 2026, pero a un ritmo más lento. El FMI señaló que la propuesta de presupuesto para 2027 contempla una consolidación fiscal más gradual que la anunciada previamente, lo que prolongaría el aumento de la deuda en los años siguientes.
Ante este panorama, el organismo recomendó considerar una estrategia de consolidación más ambiciosa para recuperar margen de maniobra en la política fiscal. Para lograrlo, identificó una serie de medidas tanto por el lado del gasto como del ingreso.
Mejor focalización de los programas sociales.
Eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles.
Fortalecimiento duradero de las finanzas de Pemex.
Aumento de los impuestos subnacionales sobre la propiedad y los vehículos.
Eliminación paulatina de los incentivos fiscales en zonas fronterizas.
Ampliación del impuesto al carbono.
Reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El FMI valoró positivamente los planes para impulsar la inversión en infraestructura, aunque pidió salvaguardas adicionales para limitar diferimientos en el reconocimiento de gastos y la acumulación de pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos.
