Ciudad de México.- Una investigación de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción reveló que una red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvo contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) entre 2015 y 2023. La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, presentó los hallazgos durante la conferencia mañanera del 5 de noviembre.
Buenrostro explicó que el análisis se basó en fuentes abiertas como la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet. Se identificaron indicios de simulación empresarial: compañías sin trabajadores registrados ni capacidad técnica, domicilios y números telefónicos compartidos entre distintas razones sociales, y mecanismos para ocultar a los beneficiarios finales de los recursos públicos.
Según la funcionaria, el flujo de dinero podía pasar de una empresa a otras diez y continuar distribuyéndose entre múltiples sociedades para dificultar el rastreo. En esas operaciones aparecen personas de hasta 96 años y jóvenes de 18, quienes posiblemente fueron utilizados como prestanombres o víctimas de robo de identidad.
Origen en la década de 1980
Los antecedentes de esta estructura se remontan a los años ochenta, cuando José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación. José Alfredo era secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Registro, mientras que Raymundo colaboraba en el área de Recursos Financieros y Materiales.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica. Un año después, Padilla Aguilar llegó a la Secretaría General del CISEN e incorporó a José Alfredo como su secretario particular; Raymundo se integró al área de Investigaciones. En ese periodo, Carlos Salinas de Gortari era presidente, Fernando Gutiérrez Barrios encabezaba Gobernación y Jorge Carrillo Olea dirigía el CISEN. Las elecciones federales aún dependían de la Secretaría de Gobernación.
Padilla Aguilar también tuvo vínculos con el Estado de México: en 1989 fue secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con el gobernador Ignacio Pichardo Pagaza. En 2017, Miguel Ángel Osorio Chong lo designó delegado regional de Gobernación y en 2022 encabezó el Frente Cívico Nacional junto con Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza. Además, coincidió en el partido SOMOS con exintegrantes del INE como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova.
En 1992 se creó Formas Finas Fernando Fernández. Cartonera Plástica comenzó a proveer material electoral en el Estado de México en 1999, y en 2005 obtuvo un contrato de 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral estatal. Las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos derivaron en la renuncia de los siete consejeros electorales.
Expansión y contratos millonarios
Entre 2012 y 2025, los hermanos Hernández Casillas ampliaron sus actividades con contratos en Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Los registros de adjudicaciones entre 2014 y 2023 muestran que Veracruz concentró 570.4 millones de pesos, seguido de Nuevo León con 314.2 millones e Hidalgo con 203.6 millones. La evolución anual reporta 321.8 millones en 2018, 908 millones en 2021 y 582.4 millones en 2024.
Entre las compañías identificadas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. El mecanismo para obtener adjudicaciones incluía simular competencia: varias empresas relacionadas presentaban propuestas con precios previamente distribuidos para que una, identificada con el precio C, resultara seleccionada, mientras las demás ofertaban montos simulados A, B, D, E y F.
Varias de estas empresas enfrentan denuncias ante la Fiscalía General de la República. La estructura involucra relaciones familiares, matrimoniales y de representación legal, así como vínculos con exfuncionarios de Gobernación y de organismos electorales locales. Se señaló el posible uso de personas vulnerables como prestanombres y operaciones de lavado de dinero mediante empresas factureras.
