Dos conglomerados empresariales, identificados como GC y GHC, concentraron operaciones y contratos por un total de 8 mil 870 millones de pesos con instituciones públicas, mayormente del ámbito electoral, durante el periodo de 2014 a 2026. Así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.
Del monto global, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) suma 430 millones, lo que representa 11.3% del total. El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, confirmó que ya se inició una investigación de oficio por posibles irregularidades vinculadas con el INE.
"En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas (...). Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso", declaró.
La pesquisa reveló que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por operar como factureras, por un monto de 21.3 millones de pesos. Además, otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores. También se detectaron operaciones entre sociedades de los mismos grupos: la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación.
Otro hallazgo son los registros laborales reducidos o nulos: empresas que facturan cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores, y en algunos casos ninguno. Una línea de investigación adicional apunta a posibles barreras que generan competencia desleal para asegurar la adjudicación de contratos.
"Estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en que se establecen las operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones", señaló Hernández Palacios.
Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) con contratos con estas empresas son: Veracruz, 484.4 millones de pesos; Oaxaca, 370.3; Coahuila, 306.3; Puebla, 286.6; Nuevo León, 253.9; Baja California, 223.3; Aguascalientes, 211; Estado de México, 163.7; Jalisco, 159.5; y Yucatán, 151.1 millones.
El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que en los últimos 15 años, 77% del monto total de los contratos en OPLE fue otorgado a un grupo de empresas que "han concentrado 2 mil 461 millones de pesos". Las compañías son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México.
Seriplast comenzó a formalizar contratos con el INE desde 2015, y entre 2011 y 2016 en el entonces IFE se formalizaron contrataciones con Formas Finas y Materiales S.A. de C.V. Plásticos y Metales MYC S.A. de C.V. ha obtenido contratos con el IFE y el INE desde 2003 por un monto acumulado de 150 millones de pesos. En total, 20 OPLE han tenido contratos con estas empresas.
Los accionistas y apoderados o representantes legales de las empresas involucradas son José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas, Patricia Velázquez Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz, Guillermo Marc Arciniega Kunts, Raquel Alejandra Fernández Ibargüengoitia, César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez y Laura Velázquez Sánchez. "Todos estos apoderados y accionistas se repetían en tres o cuatro de las cinco empresas", precisó el contralor.
En otro frente, la ASF aseguró de manera precautoria los repositorios de información y servidores informáticos de la empresa Territorium Life, encargada del examen de admisión de la UNAM. La investigación se centra en posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma. Las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Leonardo Lomelí, solicitaron la intervención de la ASF y otorgaron facilidades.
En agosto, la UNAM informó que terminará de manera anticipada el contrato con Territorium Life. El procedimiento se sometería a tres auditorías: de la ASF, del Órgano Interno de Control de la UNAM y de un despacho independiente.
Finalmente, en Nuevo León y Sinaloa se identificaron esquemas de triangulación, simulación de operaciones y patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago de proveedores. El destino final de esos recursos "estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos". En Sinaloa, entes públicos estatales y municipales adjudicaron obra pública a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal. En seis meses, la auditoría ha presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
