La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el pasado viernes 30 de octubre, en colaboración con autoridades estadounidenses. La exconductora enfrenta una orden de aprehensión en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
La captura reavivó el escrutinio sobre las investigaciones que se le siguen desde 2019, cuando la Fiscalía comenzó a indagar una presunta red integrada por Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, otras personas y siete empresas.
Según las indagatorias, esa red habría utilizado contratos con dependencias federales para simular operaciones comerciales y ocultar el origen de recursos. El esquema incluía dos contratos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por un monto conjunto de 2 mil 950 millones de pesos.
La FGR señaló que presuntamente se emplearon comprobantes fiscales para aparentar la prestación de servicios que no se habrían realizado y dar apariencia legal a los recursos. Sin embargo, esa cifra corresponde al valor de los contratos investigados y no a dinero que se haya acreditado como recibido personalmente por Gómez Mont.
La acusación por defraudación fiscal equiparada proviene de una investigación distinta. En 2022 se emitió una orden de aprehensión relacionada con un presunto adeudo de aproximadamente 6.6 millones de pesos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2015. La FGR no precisó si esa es exactamente la orden que derivó en su detención en Miami.
En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, por una resolución judicial, se restablecieron los servicios financieros de Gómez Mont y Álvarez Puga, aunque aclaró que esto no significaba la cancelación de las órdenes de aprehensión.
Tras su detención, queda pendiente conocer si será sometida a un procedimiento de extradición y cuándo podría ser trasladada a México para enfrentar los procesos correspondientes. Hasta el momento, los señalamientos en su contra no representan una declaración de culpabilidad.