Ciudad de México.- La falta de reglas claras para verificar el origen de los recursos usados en el aumento del salario de cotización permitió que despachos, patrones y prestamistas crearan negocios alrededor de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Mediante estos esquemas, algunos trabajadores buscaron alcanzar pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales, según alertaron representantes del sector obrero y especialistas en derecho laboral.

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Durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del IMSS, celebrada el 10 de octubre, se identificaron 36 instituciones financieras que mantenían convenios con el organismo para otorgar créditos a los asegurados. Ante las irregularidades detectadas, el Seguro Social suspendió temporalmente la colocación de préstamos y formalizó convenios modificatorios.

Leslie Baeza, representante obrera, señaló que al menos cinco de estas financieras rebasaron las condiciones autorizadas, al ofrecer préstamos respaldados por escrituras y otras garantías, incluso antes de que el IMSS resolviera si concedería la prestación correspondiente.

El crecimiento de la Modalidad 40 se refleja en las cifras de pensionados. José Luis Carazo, también representante del sector obrero, indicó que entre diciembre de 2018 y junio de este año la cantidad de personas jubiladas mediante este esquema aumentó 201 por ciento, al pasar de 252 mil a 798 mil.

Baeza informó que los recursos destinados al pago de estas pensiones alcanzaron aproximadamente 251 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con información presentada durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del organismo.

Al 31 de julio se contabilizaban 267 mil 678 personas inscritas en la Modalidad 40. De ese total, 103 mil 461 cotizaban con un salario equivalente a entre ocho y nueve veces el mínimo, mientras que otras 44 mil 831 se encontraban en el rango de nueve a diez veces. En conjunto, ambos grupos representaban 148 mil 292 trabajadores. En contraste, 43 mil 913 personas registraban pensiones de hasta un salario mínimo, equivalente a poco más de 10 mil pesos.

Esquemas de presunto fraude y financiamiento

El abogado laboral Ricardo Landero Aramburu explicó que alrededor de la Modalidad 40 surgieron dos mecanismos distintos para obtener beneficios económicos mediante el incremento de las cotizaciones. El primero, considerado el más delicado por sus posibles implicaciones legales, consistía en pagar a empresas o cooperativas para que los interesados aparecieran como trabajadores asegurados ante el IMSS y pudieran acumular semanas de cotización sin que necesariamente existiera una relación laboral real.

En otra variante, los patrones registraban a los empleados con determinado salario ante el Seguro Social, pero posteriormente les exigían devolver el dinero recibido. Esta práctica, advirtió el especialista, podía abrir la posibilidad de realizar operaciones de lavado de dinero.

El segundo mecanismo estaba relacionado con el financiamiento de las aportaciones voluntarias para incrementar el salario de cotización y, con ello, buscar una pensión mensual de entre 60 mil y 70 mil pesos. Landero Aramburu aclaró que elevar el salario de cotización dentro de los límites establecidos por la legislación es una práctica permitida. Sin embargo, puntualizó que simular una relación laboral para conseguir mayores beneficios constituye una situación distinta. Ante estos escenarios, advirtió que el IMSS podría solicitar a los asegurados que comprueben la procedencia del dinero utilizado para cubrir las aportaciones con las que incrementaron su salario de cotización.