Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una de sus peores crisis de credibilidad en casi cuatro décadas de historia. Los señalamientos de presunta corrupción contra su expresidenta, Guadalupe Taddei, y los contratos con proveedores de material electoral han puesto en entredicho la autonomía y transparencia del organismo encargado de organizar las elecciones en México.
Héctor Díaz Santana, exfiscal especializado en delitos electorales, atribuye la vulnerabilidad del instituto a su elevado costo de operación. Explicó que el tamaño de la institución y los recursos que requiere para organizar los comicios generan oportunidades de negocio para proveedores privados, cuyos contratos pueden representar importantes intereses económicos.
Javier Santiago Castillo, exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que la acumulación de facultades en la presidencia del Consejo General ha debilitado los mecanismos de decisión colegiada. Recordó que la desactivación de la Comisión de Administración alrededor de 2008 incrementó las atribuciones de la presidencia, y que en 2014 el instituto asumió nuevas responsabilidades para organizar elecciones en los estados.
En el caso de Taddei, una reforma le permitió nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General. Santiago Castillo considera que esa concentración de poder se relacionó con las dificultades de su gestión para construir acuerdos internos.
La integración política del organismo también ha influido en su desarrollo. En 2003, el PAN y el PRI acordaron la designación de Luis Carlos Ugalde al frente del entonces IFE, excluyendo al PRD. Aquella decisión evidenció los riesgos de los nombramientos sin consensos amplios, según Díaz Santana.
Las elecciones presidenciales de 2006 profundizaron la crisis. Andrés Manuel López Obrador desconoció el resultado, argumentando una diferencia de 0.56 por ciento entre los candidatos. Años después, el expresidente Vicente Fox reconoció que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón. Santiago Castillo cuestionó que Ugalde no ofreciera una explicación clara sobre los resultados del conteo rápido durante la noche de la elección.
Durante el gobierno de López Obrador, el INE enfrentó constantes embates. El expresidente impulsó tres reformas para modificar su funcionamiento, sin éxito. Lorenzo Córdova, quien presidió el organismo entre 2014 y 2023, mantuvo enfrentamientos con el mandatario, mientras que su antecesor, Leonardo Valdés, optó por un perfil discreto entre 2008 y 2013.
La llegada de Taddei a la presidencia en marzo de 2023 estuvo marcada por su cercanía con figuras del oficialismo, como Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez. La presencia de Rodríguez en la ceremonia de apertura del proceso electoral de 2027 fue considerada una imagen poco habitual. Ahora, el oficialismo busca distanciarse de Taddei, a quien antes presentaba como referente de austeridad y honestidad.
Los especialistas reconocen que el Servicio Profesional Electoral Nacional, creado en 1990, es una fortaleza institucional. Sin embargo, la contraloría del INE no detectó las presuntas irregularidades que involucran a Taddei. Para Santiago Castillo, se requiere construir un verdadero sistema anticorrupción.
El exconsejero observa señales positivas en la presidencia provisional de Blanca Cruz, por el regreso de acuerdos y decisiones unánimes en el Consejo General. No obstante, la mayoría oficialista en el Poder Legislativo ha advertido que podría imponer las reglas para elegir a la próxima presidenta del instituto.
Díaz Santana expresó preocupación por la posibilidad de sustituir al proveedor involucrado, la empresa más grande del país en fabricación de materiales electorales. Además, el INE enfrenta un posible recorte de 5 mil millones de pesos respecto al presupuesto solicitado y está pendiente la designación de una consejera presidenta que concluya el periodo de Taddei, el cual se extendería hasta 2032.
Mientras tanto, el organismo se encuentra bajo una auditoría especial que revisa las adjudicaciones de los últimos 26 años, tanto del INE como de los institutos electorales locales. Los próximos meses serán determinantes para recuperar la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
