Washington.- Los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente enfrentan desde este viernes nuevos criterios en el proceso migratorio, luego de que entrara en vigor una modificación a la llamada regla de “carga pública” impulsada por la administración de Donald Trump.
La nueva disposición amplía la capacidad de los funcionarios de inmigración para considerar determinados beneficios públicos al evaluar si una persona podría convertirse en una carga para el gobierno estadounidense. La regla entró en vigor este 18 de septiembre de 2026 y aplica a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir de esta fecha.
Entre los beneficios que pueden entrar en la evaluación se encuentran Medicaid, SNAP —conocido como cupones de alimentos— y determinadas ayudas para vivienda, además de otros beneficios sujetos a comprobación de recursos.
Sin embargo, el uso de alguno de estos programas no significa automáticamente que una persona vaya a perder o se le vaya a negar la residencia. La nueva política establece una evaluación individual en la que los funcionarios pueden considerar distintos factores relacionados con la situación económica, familiar, de salud y otros aspectos del solicitante.
Preocupa el efecto entre familias migrantes
Uno de los principales puntos de preocupación es el posible efecto que la nueva política tenga entre familias migrantes con hijos que son ciudadanos estadounidenses.
La información sobre la regla señala que los beneficios recibidos por familiares no se consideran automáticamente como beneficios recibidos por el solicitante. Sin embargo, las circunstancias económicas y familiares del hogar pueden formar parte de la evaluación correspondiente.
El propio Departamento de Seguridad Nacional estima que la modificación podría provocar que alrededor de 950 mil personas abandonen o dejen de inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias migratorias. Este efecto sería consecuencia del temor generado por la política, no de una obligación directa para esas personas de abandonar los programas.
Una regla que ya había sido utilizada durante la era Trump
La llamada regla de “carga pública” tiene antecedentes que se remontan a finales del siglo XIX. Durante el primer gobierno de Trump se implementó una versión más amplia que generó diversos desafíos legales.
Posteriormente, la administración de Joe Biden revocó esa regulación y en 2022 estableció un esquema más limitado sobre los beneficios que podían ser considerados.
En julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la revocación de esa regulación de 2022 y la recuperación de un criterio más amplio para que los funcionarios puedan valorar las circunstancias de cada solicitante.
Hay demandas contra la medida
La entrada en vigor ocurre mientras una coalición de estados y gobiernos locales mantiene demandas para intentar bloquear la nueva política.
Los demandantes sostienen que la disposición puede desalentar a familias migrantes de utilizar programas públicos a los que tienen derecho y cuestionan la amplitud de la autoridad otorgada a los funcionarios migratorios.
La administración Trump, por su parte, defiende la modificación bajo el argumento de que busca reforzar el principio de autosuficiencia y evitar que quienes solicitan beneficios migratorios dependan de recursos públicos.
La nueva regla afecta principalmente a determinadas personas que solicitan ajuste de estatus para obtener la residencia permanente, aunque existen categorías de inmigrantes exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública.
Por ello, especialistas y organizaciones migratorias recomiendan que quienes tengan un trámite de residencia en curso consulten su situación específica antes de tomar decisiones sobre el uso de beneficios públicos.
