El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha convertido la crisis de pandillas en Haití en un escaparate para su guerra frontal contra el crimen, desplegando tropas y una intensa campaña mediática que inunda las redes sociales con imágenes de helicópteros bombardeando casas de pandilleros, civiles vitoreando a soldados de camuflaje y vehículos blindados recorriendo calles devastadas.
La ofensiva comenzó a mediados de octubre, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños que trabajaban con una misión respaldada por la ONU desaparecieron en un ataque de pandillas. Desde entonces, el gobierno ha enviado 2.500 soldados al país caribeño con poca transparencia o supervisión, mientras un líder pandillero afirmaba que los cuatro técnicos estaban muertos.
Bukele publicó el martes un video de fuerzas salvadoreñas bombardeando la casa de un líder pandillero después de haber pedido previamente las coordenadas en X. "Cumplimos nuestra promesa", escribió, y agregó: "La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!".
El despliegue ha recibido el respaldo del presidente dominicano, Luis Abinader, quien el martes declaró que su gobierno brinda apoyo logístico y de inteligencia, y llamó a la fuerza respaldada por la ONU a coordinar acciones para "apoyar decididamente al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele".
Sin embargo, expertos advierten que la operación es una apuesta arriesgada. Roberto Dubon, estratega de comunicación política, la calificó como "una campaña electoral abierta, de promocionar a Nayib Bukele y casi presentándolo como superhéroe. Lo que están vendiendo es Avengers". Y añadió: "Están utilizando Haití como laboratorio para poder implementar sus políticas ya a nivel internacional".
El lunes, Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de El Salvador y Haití que divulguen públicamente el acuerdo que permite el ingreso de fuerzas y que "cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos". Ese mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se distanció al afirmar que su país "no está involucrado activamente", aunque respaldó a la fuerza de supresión de pandillas apoyada por la ONU, de la cual El Salvador no forma parte.
Bukele debilitó a las dos poderosas pandillas de El Salvador al suspender derechos constitucionales y detener a más del uno por ciento de la población, pero en Haití el escenario es más complejo: operan unas dos docenas de pandillas en Puerto Príncipe y decenas más fuera de la capital, con armas traficadas principalmente desde Estados Unidos. Diego Da Rin, del International Crisis Group, advirtió que "el afán de las tropas salvadoreñas por asegurar victorias rápidas y simbólicas conlleva enormes riesgos para los civiles, que pueden quedar atrapados en el fuego cruzado".
La ofensiva también busca apuntalar la popularidad de Bukele, cuya aprobación supera más del 90 por ciento, de cara a las elecciones de febrero. La Asamblea Legislativa, controlada por su partido, adelantó los comicios de 2029 a 2027 y eliminó los límites a la reelección, mientras el gobierno asume los costos de la misión en Haití, pese a que una de cada cuatro personas aún vive en la pobreza en El Salvador.
