Solos en las calles: la crisis de salud mental en Chihuahua

Chihuahua.– “María”, por proteger su identidad, salió de su casa una mañana sin rumbo fijo. Su crisis de esquizofrenia le llevó descalza por las calles de Chihuahua, con apenas unos mechones de su cabello rubio que le llegaba hasta la cintura y sin la mínima idea que todo estaba sucediendo.

Al mediodía, una de sus amigas fue avisada que le vieron caminar por el rumbo de la avenida La Cantera y Periférico de la Juventud, portando una bota asegurando que era Dios y diciéndoles a los automovilistas que el Creador les quería hablar, pero no hubo quién la de tuviera y tratara de apoyarla hasta que, alrededor de las 3:00 de la tarde, su amiga visitó la casa de María para saber si ya había vuelto. Se avocó a buscarla y pedir ayuda por redes sociales. Fue localizada hasta el día siguiente.

Así como María, hay decenas de personas (no hay una cifra oficial) con alguna enfermedad mental que rondan por las calles de la capital sin una legislación que les proteja o alguna institución para apoyarles y las que hay, se encuentran saturadas. Con la familia no se cuenta, les abandonan, a la mayoría.

“Realmente, ahorita no existe una instancia o un abordaje para este tipo de personas. El protocolo que se debe seguir, es proporcionarle la atención a estas personas en cualquier nivel de atención que se requiera, ya sea primero, segundo nivel de atención o si hay una referencia, a un tercer nivel de atención”, reconoce Javier González Herrera, director del Instituto Chihuahuense de Salud Mental y Comisionado Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic).

En Chihuahua existen solo dos hospitales de tercer nivel para la salud mental: Doctor Ignacio González Estavillo, en la capital, y el Hospital Civil Libertad, en Ciudad Juárez, insuficientes para atender a pacientes de toda la entidad. En la capital se cuentan con 97 cuartos para la atención de este grupo poblacional, pero ya están llenos y en la frontera la situación no varía en lo absoluto.

Ambos albergan quienes han cometido un delito y quienes no, porque la Unidad de Bajo Riesgo, o Penitenciaria Vieja, como se le conoce, ya no tiene espacios para albergar a los inimputables.

La dura realidad, sin familia

Las personas con trastornos mentales merodean entre las calles, negocios, iglesias tratando de sobrevivir con los restos de comida que encuentran en la basura o lo obtenido de la mendicidad. Desarrollan su vida cotidiana sin atención de ningún tipo hasta que llegan a alterar el orden público, como lo explica María del Socorro Ruacho Delgadillo, titular del Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Su área está encargada de recibir a niños, niñas y adolescentes denuncia dos por faltas administrativas, así como a personas en situación de calle, enfermos mentales y personas extraviadas, a quienes orientan y canalizan según sea el caso, iniciando con la búsqueda de la familia, aunque al menos la mitad de los pacientes psiquiátricos, se trata de reincidencias y se facilita el trámite a seguir.

Ruacho Delgadillo reconoce el caso omiso de algunas familias por hacerse responsable de su integrante enfermo “porque tú sabes que vivir con personitas así, no es fácil, a veces, la familia ya está cansada de que lo mandan y lo mandan y no se toma el medicamento” pero, si no se hacen cargo, la ley les imposibilita detenerlos por más de 36 horas.

“Recibimos de 15 a 20 personas al mes que vienen por algún trastorno de tipo mental. Seguridad Pública tiene un convenio con el Hospital de Salud Mental (Hosame) en el cual nos dieron dos citas diarias para que nosotros les pro gramemos la cita. Si llegan hoy, para mañana tienen la cita en el Hosame”, comenta la funcionaria municipal, precisando la necesidad que la familia firme una carta responsiva o no son aceptados en el nosocomio.

 

Estos casos provienen de la falta de un adecuado seguimiento del tratamiento psiquiátrico, derivando en crisis que los lleva a descontrolarse y hasta salirse de sus hogares o iniciar dentro de ellos la perturbación del orden, es hasta la llamada de auxilio cuando se actúa.

Durante la academia, los cadetes reciben una clase especial que los prepara en el manejo de estas situaciones, además de las capacitaciones recibidas ya en el servicio público.

Por su parte, el sistema DIF Estatal a través de la Procuraduría de Protección a NNA no recibe este tipo de casos, debido a que el primer contacto es la autoridad municipal y en caso de llegar a esta instancia, es canalizada a las áreas, comenta Sofía Alejandra Martínez Rodríguez, subprocuradora especializada de la dependencia estatal.

Pero la realidad es que no todos quedan en una falta administrativa, hay quienes llegan al grado de cometer delitos y no pueden ser procesados de manera ordinaria por lo que se les inicia un procedimiento especial, explica César Fernando Ramírez Franco, magistrado de la Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado (PJE), una vez que son sometidos a exámenes periciales a cargo de un psicólogo o un psiquiatra.

La fracción VII del artículo 28 del Código Penal para el Estado de Chihuahua define como inimputables a quienes al momento de realizar el hecho típico no tenga la capacidad de comprender el carácter lícito de aquel o conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el sujeto se hubiese provocado voluntariamente su trastorno mental en cuyo caso responderá por el resultado típico producido en tal situación.

Si el tribunal de enjuiciamiento de termina que el inimputable participó en el hecho delictuoso, se le aplicará una medida de seguridad individualizada, no una pena, en atención a las necesidades de prevención específica y positiva, respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima intervención, de lo contrario, será absuelto, menciona Ramírez Franco.

“Hay personas que ya cumplimentaron, no decimos no es una pena, ya cumplieron con la medida cautelar, sin embargo, están en el penal en un área especial aquí en la 20 de Noviembre o en el hospital psiquiátrico, donde es muy lamentable que la familia no los quiera o no los acepte una vez que cumplieron con esa medida”, de acuerdo con el magistrado.

En esta situación legal se cuenta con 96 pacientes mentales (cuatro son mujeres) al corte del mes de marzo: 76 en la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) y 20 en el Hosame, situación rebasada respecto la cantidad que puede atenderse, pero la propia ley impide la creación de nuevos hospitales psiquiátricos para su adecuada atención médica y “no queremos mandarlos a la calle porque sería un problema social que afectaríamos a más gente allá afuera”, asegura Ricardo Fernández Acosta, general de división diplomado de Estado Mayor y titular del Sistema Penitenciario de Chihuahua.

El general reconoce el déficit de psiquiatras en el estado, problema que se generaliza en todo el país, y el Gobierno de Chihuahua solo dispone de uno para la atención de los casi 100 pacientes quienes son atendidos cada dos o tres meses, aunado al desinterés de la familia por recuperar a su paciente a pesar que el 20 por ciento ya cumplió con su medida de seguridad, agotando los espacios para la atención de este grupo poblacional.

La mayoría de los inimputables que habitan la UBR están por la comisión de delitos como homicidio y violación sexual, derivado de la esquizofrenia que padecen y potenciado por el consumo de sustancias prohibidas y aunque el paciente imputado se encuentre en un distrito judicial fuera de la capital, es traído para ingresarlo al área especial de la Penitenciaria Vieja, no sin antes pasar por los exámenes psiquiátricos cuya espera pue de alcanzar hasta dos años derivado de la carencia de psiquiatras certificadores.

“La familia es muy difícil que se haga responsable, es tener una carga, es tener una gente que esté constante mente con ellos y eso las familias no lo quieren. Cuando uno busca la familia, no aparece, cuando alguien ya cumplió, buscamos a la familia, pero pocas veces la encontramos que quieran hacerse cargo de ello”.

Este grado de desatención es visible, por ejemplo, en un interno con enfermedad mental con casi 20 años recluido en la UBR, aunque su medida cautelar venció hace mucho tiempo. La negativa de su familia para recibirlo lo mantiene en ese lugar.

Las Personas Privadas de la Libertad (PPL) con alguna enfermedad mental desarrollan su vida en un espacio de 150 metros cuadrados, integrados por salones y espacios de convivencia y actividades recreativas y manuales para mantenerlos activos, ya que generalmente no hay problemas con ellos salvo que falte el medicamento, “ahí sí se ponen agresivos”, reconoce el general.

Duermen de dos a cuatro personas por celda y reciben clases de dibujo y otras que les mantengan entretenidos. Incluso, hace poco fue liberado con su familia un PPL y al poco tiempo regresó para dar un concierto de violín, pues mientras esté medicado, es un gran ejecutor del instrumento musical.

Un proyecto pendiente

Hace dos años que el general Fernández Acosta llegó al cargo y se ha dado cuenta de la problemática y de la urgente necesidad de contar con un espacio para la atención de los PPL inimputables, así como gente capacitada en su trato y cuidado, porque son personas que cometieron un delito bajo una condición de salud mental que les desfavorece.

Tras ello, se ha presentado un proyecto a la gobernadora Maru Campos Galván para la edificación de un espacio especial para los PPL inimputables, ubicado a un lado del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, ubica do en Aquiles Serdán, cerca de área de ingresos, del lado izquierdo viendo de frente el inmueble.

Se trata de 300 metros cuadrados que albergarían áreas de atención médica, dormitorios y áreas académicas y de recreación y cuya edificación costaría 60 millones de pesos si se licita, la mitad si el Estado la lleva a cabo a través del Sistema Penitenciario. Por su parte, la Secretaría de Salud aportaría el personal médico especializado, aunque para consolidarse y ejecutarse, deben pasar varios años por el ciclo estudiantil que deben cumplir los profesionistas de la salud mental.

Este mes de mayo, personal de SSPE estará visitando uno de los 30 hospitales psiquiátricos del Gobierno Federal (según el listado de la página actualizado a 2021) para conocer la operatividad y distribución de los mismos y poder to mar ejemplos de ello y así poder replicar lo en Chihuahua.

González Herrera apuesta para que este proyecto sea la solución óptima para abatir este problema que ha rebasado a los hospitales psiquiátricos y sería el lugar adecuado para la atención de estas personas que necesitan tratamiento médico psiquiátrico, farmacológico, psicoterapia, espacios recreativos y todo un entorno para sanar físicamente y emocionalmente, aunado a la custodia del personal de seguridad por su condición de PPL.

“Liberamos espacios en las cárceles, todo el mundo sabe que las cárceles están sobrepobladas y que hay un buen número de camas especialmente en el Hospital de Salud Mental de Chihuahua, que tiene el 20 por ciento de sus camas censables, están ocupadas por personas con el carácter de imputabilidad, entonces liberaríamos un espacio para dar servicio a un buen número de personas con condiciones de salud mental diferente”.

Concuerda en el déficit de psiquiatras en Chihuahua de manera particular, sobre todo a raíz de la pandemia de 2020 en que los padecimientos mentales se incrementaron, espacio que estaría cubierto por lo menos de unos 18 expertos en salud mental adicionales a los que hay, pues, aunque el año pasado 700 médicos generales han tomado cursos de la guía mhGAP para trastornos mentales, neurológicos y consumo de sustancias, se trata solo de un primer con tacto y no buscar suplir a un psiquiatra.

María en el olvido

Parte de la familia y amigas de María acudieron a recepción de la Policía Municipal de Chihuahua alrededor de las 7:00 de la tarde en donde dejaron números y fotos de ella para ubicarla si llegara a aparecer. Doce horas después acudieron a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) para interponer el reporte de desaparición.

Durante este trámite, una de sus amigas contestó una llamada en donde le informaron que localizaron a la joven en el estacionamiento de una maquila al norte de la ciudad, frente a la estación de camiones y aunque ya se habían agota do las consultas en el Hosame, quedaba la oportunidad de tramitarla a través de la DSPM. Y así sucedió, en casa de María, elementos preventivos femeninos hicieron la aprehensión y se la llevaron a la comandancia sur.

Cerca del mediodía fue valorada por médicos de la Policía Municipal, quienes informaron de su conducta psicótica y solicitaron la consulta para el Hospital de Salud Mental.

Haciendo el resumen de llamadas, reportes y movimientos, María fue detenida entre 5:00 y 6:00 de la tarde por el Periférico de la Juventud y Egipto, durmió en la comandancia norte y la soltaron la mañana del día siguiente, aunque Ruacho Delgadillo niega la existencia de este reporte.

María apenas recuerda que, durante su encierro, se sentía sedienta y con hambre, pero recibió burlas en los separos de la comandancia norte. Ahora se encuentra bajo tratamiento médico, visitada constantemente por sus amigos e intentando reto mar la vida antes de que iniciaran las visiones de niños y demonios en su casa, creyéndose la esposa de Dios, quebrando vidrios para caminar sobre ellos y con aparatos electrónicos completamente destrozados por los momentos de crisis que se mantuvieron desde noviembre en que abandonó su tratamiento psiquiátrico.