Chihuahua.- La administración estatal de Chihuahua solicitó una revisión minuciosa del padrón de personas en situación de desplazamiento, luego de que se difundiera una cifra aproximada de 58 mil casos. La petición surge ante las discrepancias entre los datos oficiales, los registros de organizaciones civiles y los conteos de atención gubernamental.
Este lunes, durante la mesa de seguridad, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, confirmó que el tema fue analizado y subrayó que existe coordinación entre los gobiernos estatal y federal para hacer frente al desplazamiento interno. El seguimiento se realiza a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La semana pasada, la gobernadora María Eugenia Campos sostuvo una reunión con autoridades federales en la que se acordó reforzar la colaboración para atender a las personas desplazadas. De la Peña explicó que uno de los principales obstáculos para determinar una cifra exacta son las diferentes metodologías empleadas para contabilizar a esta población.
El funcionario señaló que hay casos de personas que se trasladan temporalmente desde distintas regiones del estado para laborar en actividades agrícolas, y que podrían estar siendo incluidas en los registros de desplazamiento. “Hay que ser como muy precisos en el análisis para que las acciones de gobierno para tratar de paliar este fenómeno y atender a la población sean lo suficientemente asertivas”, sostuvo.
De la Peña evitó descalificar la cifra atribuida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero planteó la necesidad de conocer cómo fue construida y qué criterios se utilizaron para identificar a las personas en condición de desplazamiento. “El Inegi hay que respetarlo como la autoridad que genera este tipo de datos o de estadística; es un insumo”, afirmó.
El debate sobre el número de desplazados se enmarca en un contexto de movilidad interna vinculada a hechos de violencia e inseguridad en diversas regiones de Chihuahua. Organizaciones civiles han reportado alrededor de 8 mil personas atendidas o identificadas mediante sus propios registros y por instituciones estatales, mientras que los datos del INEGI arrojan una cantidad considerablemente mayor.
Más allá de las diferencias estadísticas, De la Peña subrayó que el objetivo es identificar con precisión a la población que enfrenta desplazamiento forzado para diseñar políticas públicas acordes con sus necesidades. “Lo importante es ir abatiendo el fenómeno”, señaló.
El secretario General de Gobierno insistió en que para atender el desplazamiento se requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones que trabajan con la población afectada, a fin de evitar duplicidades y establecer con claridad quiénes requieren protección y asistencia. “En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar coordinadamente, no hay otra forma de hacerlo”, concluyó.
