Baja California.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se deslindó de las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres Torres, señalado por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa. En una conferencia, la mandataria afirmó que ni su administración ni ella serán voceros del caso y que corresponde a las autoridades correspondientes informar al respecto.
La postura de Ávila se dio después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense incluyera a Torres en su lista de sanciones. La gobernadora dijo desconocer los hechos de la acusación y evitó profundizar en los señalamientos.
“Ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de esas circunstancias”, declaró Ávila ante medios de comunicación. Además, subrayó que su administración ha combatido “de manera frontal” a todos los grupos de la delincuencia organizada.
Las acusaciones estadunidenses apuntan a presuntos actos de “narcocorrupción” relacionados con autoridades de Baja California, pero Marina del Pilar no figura entre las personas sancionadas por la OFAC. La mandataria evitó referirse directamente a las imputaciones contra su exesposo.
Tras la decisión del Gobierno estadunidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México incluyó a Torres en la lista de personas bloqueadas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que esta incorporación tiene carácter preventivo y administrativo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La dependencia aclaró que la medida no constituye una determinación definitiva ni acredita responsabilidad alguna, sino que deriva de la designación y los señalamientos formulados por la OFAC. Asimismo, señaló que las personas sujetas a estas medidas cuentan con derecho de audiencia y pueden recurrir a los mecanismos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación mexicana.
La UIF analizó la información financiera disponible después del anuncio estadunidense y detectó operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras entre algunos de los sujetos designados. Esas irregularidades motivaron la aplicación de medidas preventivas contra Torres y otros involucrados.
