Ciudad de México.- Las autoridades fiscales y energéticas de México revelaron un esquema de irregularidades por 61 mil 700 millones de pesos vinculado al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. El anuncio, realizado este miércoles 21 de octubre, incluyó sanciones contra importadores, gasolineras y empresas factureras.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, detalló que desde 2025 se retiró a 180 empresas del padrón de importadores por su presunta relación con redes de contrabando. Además, se clausuraron 2 mil 224 establecimientos que vendían gasolina sin permisos y se multó a 2 mil 32 gasolineras por omitir los controles volumétricos obligatorios.
El SAT identificó a 175 compañías como factureras, es decir, que emitieron comprobantes fiscales sin respaldo real. La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 127 casos por presunta defraudación fiscal, mientras que el propio SAT interpuso 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos.
Cancelación de permisos y extradiciones pendientes
La Comisión Nacional de Energía (CNE) canceló 264 permisos de expendio y comercialización de combustibles, y otros 307 se encuentran en procedimientos de sanción o revocación, informó el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cifras no implican que solo 17 empresas tengan autorización para importar, pues algunas operaban sin permiso de la CNE.
Sheinbaum señaló que aún falta detener a personas relacionadas con las denuncias por contrabando y defraudación fiscal. Algunas tienen doble nacionalidad mexicana y estadounidense, y residen en Estados Unidos, por lo que México solicitó su extradición. “Hay personas de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, que residen hoy en Estados Unidos y de las que se ha pedido a Estados Unidos su extradición”, declaró.
Alcance temporal del análisis
La mandataria explicó que el cruce de información se realizó a partir del inicio de su administración en 2025, sin incluir una revisión completa de años previos. “Decidimos hacer este cruce de datos a partir de nuestra administración; se podría hacer hacia 2024. Lo que nosotros decidimos es qué pasó en 2025 cuando entramos, todo lo que hemos hecho y evitar que siga ocurriendo hacia adelante”, afirmó.
El Gobierno federal aclaró que los 61 mil 700 millones de pesos corresponden a anomalías identificadas, no a montos recuperados ni sentencias judiciales. Las autoridades continuarán con acciones fiscales y administrativas contra las empresas involucradas.
