Ciudad Juárez.- Ante la reciente alerta de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre servidores públicos mexicanos posiblemente coludidos con el narcotráfico, el Gobierno de Chihuahua fijó su postura desde Ciudad Juárez. Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en la frontera, aseguró que la administración estatal acata con pleno respeto las decisiones y leyes del país vecino.
La DEA advirtió que investigará y actuará contra aquellos funcionarios que faciliten actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, al estar presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Esta declaración generó reacciones en el ámbito político mexicano, pero para el gobierno chihuahuense no representa un conflicto.
En ese sentido, el vocero fue enfático: “Nosotros somos muy respetuosos de la autoridad de los Estados Unidos, es nuestro vecino país, al cual respetamos mucho, y ellos tienen sus leyes, su propia estructura, y nosotros como Gobierno del Estado somos muy respetuosos del trabajo que ellos vienen realizando, porque es un trabajo que en alguna medida ellos sienten que les afecta y que viola en alguna medida sus leyes”.
Ortiz Villegas añadió que desde la administración estatal no tienen ningún problema con esta situación, pues confían en que están actuando correctamente. Subrayó que la preocupación debe recaer en quienes sí mantienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado.
El posicionamiento se da en un contexto donde la cooperación binacional en materia de seguridad es clave para combatir el trasiego de drogas y el lavado de activos. La frontera entre Ciudad Juárez y Estados Unidos es uno de los puntos más vigilados por ambas naciones.
La DEA no ha revelado nombres ni el número de funcionarios bajo la mira, pero su advertencia deja claro que utilizarán todos los recursos legales para desmantelar estas redes de corrupción que operan a ambos lados de la frontera.
