La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención de Gilda Susana Lozoya Austin sea parte de una persecución política. Durante su conferencia matutina, aseguró que la Fiscalía General de la República actuó con independencia y con pruebas sólidas que la relacionan con el fraude de Agronitrogenados.

La mandataria aclaró que ni ella ni su equipo fueron informados antes del operativo. “No tiene nada que ver con un asunto político. De hecho nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre y es que la fiscal informa al Gabinete de Seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona y a qué fraude en particular está asociada su detención”, explicó.

Gilda Susana Lozoya Austin fue arrestada por elementos de la FGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, al bajar de un vuelo procedente de Europa. Tras su captura, fue presentada ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

En la audiencia, la imputada denunció que el caso tiene motivaciones políticas. “Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano”, afirmó ante la juzgadora.

La detención se vincula con el fraude en la compra de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados, un caso que ya había implicado a su hermano, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, ha sostenido que cuenta con pruebas contundentes.

Sheinbaum Pardo subrayó que el proceso se mantendrá apegado al combate a la corrupción y al desvío de recursos del sexenio anterior. Insistió en que la fiscalía actúa con autonomía y que el gobierno no interfiere en sus decisiones.

En las próximas horas, la autoridad judicial definirá si Gilda Susana Lozoya Austin es vinculada a proceso o si enfrenta prisión preventiva como medida cautelar. El caso ha reavivado el debate sobre el uso político de la justicia, aunque el gobierno federal ha cerrado filas con la FGR.