Chihuahua.– El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez, informó que su equipo ha promovido más de 8 mil recursos jurídicos, entre ellos juicios de amparo, contra el registro obligatorio de líneas telefónicas, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.

El legislador explicó que, además de los amparos, se han presentado quejas ante organismos de derechos humanos y diversas instancias federales. Aseguró que los recursos acumulados superan los 8 mil y sostuvo que el esquema impulsado por el Gobierno Federal “se cae a pedazos”, luego de que se anunciara una prórroga para su implementación.

“No queremos una prórroga. Nosotros queremos que se cancele, que se eche abajo. No tenemos por qué ceder nuestra libertad, nuestra identidad, ni permitir que el gobierno tenga acceso a nuestro teléfono”, afirmó.

Sánchez acusó que las autoridades federales han recurrido a la “amenaza, el chantaje y la extorsión” al advertir que quienes no registren su línea telefónica podrían perder el acceso a servicios de telefonía, internet o aplicaciones vinculadas a su número celular.

Indicó que actualmente el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo y las operaciones financieras, por lo que consideró que el Estado no debe intervenir en ese ámbito.

Asimismo, señaló que instituciones bancarias y compañías telefónicas han enviado mensajes a sus clientes exhortándolos a cumplir con el registro, advirtiendo posibles afectaciones para acceder a pensiones, nóminas o ahorros.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, manifestó respeto por la estrategia jurídica impulsada por el legislador y defendió la vigencia del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos constitucionales.

“El juicio de amparo, aunque ahora está un poco maltrecho, quienes somos abogados presumíamos el juicio de amparo creado en México frente a las legislaciones de otros países. Hoy está un poco maltrecho, pero creo que sigue siendo una posibilidad para los ciudadanos de proteger los derechos consignados en la Constitución”, expresó.

Añadió que Sánchez cuenta con experiencia como abogado y que, si considera que las disposiciones impugnadas vulneran derechos constitucionales, tiene la posibilidad de recurrir a este mecanismo legal.

“Respeto. El diputado Sánchez es un abogado de mucha experiencia y seguramente, si encontró en estas disposiciones algo que interprete como una violación a sus derechos como ciudadano o a los de otras personas, está ejerciendo lo que queda de nuestro derecho de amparo”, concluyó.