El gobierno de Estados Unidos golpeó al Cártel de Sinaloa con una nueva ronda de sanciones que alcanza a 21 personas y 25 entidades, incluyendo a operadores políticos, financieros y al círculo más cercano de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. La medida, anunciada en mayo de 2025, busca asfixiar la estructura criminal que actúa con impunidad en Baja California, a pocos kilómetros de la frontera estadounidense.

Entre los señalados figura Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. El Departamento del Tesoro lo identifica como un operador político clave, y en la lista también aparece su hermano Luis Alfonso, junto con Juan José Ponce Félix, jefe de plaza en Mexicali. Las sanciones incluyen a los líderes de la célula de Tijuana y a personas encargadas de lavar dinero para el cártel.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “la medida de hoy subraya que ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”. Además, recalcó que la administración de Donald Trump “identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

Sobre Carlos Torres, el comunicado oficial detalla: “Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con El Ruso. Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas de seguridad en Baja California”.

El Tesoro recordó que el Departamento de Estado revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025 por su afiliación al cártel y su trabajo en nombre del Cártel de Sinaloa. La lista incluye también a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, vinculado con “El Ruso”.

Las sanciones apuntan a “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a solo unas millas de la frontera entre Estados Unidos y México”, según el comunicado. Con esta acción, Estados Unidos busca cortar el acceso del cártel al sistema financiero internacional y debilitar su red de protección política.