En Chihuahua, delincuentes están aprovechando el acceso a los celulares de sus víctimas para solicitar créditos bancarios a su nombre, con montos que van de los 30 mil a los 60 mil pesos. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro ha identificado 11 casos de este tipo entre julio y lo que va de agosto, con un repunte en fraudes vinculados a Bancoppel.

Los atacantes engañan a las personas para que entreguen datos sensibles o ingresen a enlaces maliciosos que llegan por WhatsApp. Una vez que controlan el teléfono, el correo o las aplicaciones, acceden a las cuentas y gestionan los préstamos. “En la medida en que una institución hace más fácil el trámite para poder acceder a un crédito, esa facilidad que tendría que darse para un comercio normal, como una transacción normal, es utilizada por los delincuentes”, advirtió la coordinadora de la unidad, Alicia Márquez.

Cuando el crédito es autorizado, el dinero se transfiere de inmediato a otras cuentas, muchas veces antes de que la víctima note el movimiento. El aviso del fraude suele llegar mediante un correo electrónico o un SMS que confirma que el préstamo fue depositado en su cuenta.

La funcionaria detalló que los préstamos involucrados en las investigaciones oscilan entre 30 mil y 60 mil pesos, lo que representa un quebranto patrimonial significativo. El fiscal de Distrito Zona Centro subrayó que la agilidad para realizar operaciones financieras se vuelve un riesgo cuando el usuario comparte información con terceros.

Tras disponer del efectivo, los responsables dejan la deuda a nombre del afectado. Si éste no puede cubrirla, podría enfrentar consecuencias en su historial crediticio. Por ello, la Fiscalía exhortó a no proporcionar datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad ni información personal a través de llamadas, mensajes o enlaces de desconocidos.

También recomendó que, ante ofertas de crédito por teléfono, se acuda directamente a una sucursal y se utilicen los canales oficiales de las instituciones para verificar cualquier operación. Las indagatorias han revelado que varias de estas bandas operan desde otras entidades, por lo que se ha solicitado colaboración a autoridades de Oaxaca, Guanajuato y Jalisco para seguir el rastro de los recursos.