Movimiento Ciudadano (MC) regresó a la Fiscalía General del Estado de Morelos para presionar de nuevo por el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, señalado por abuso sexual en grado de tentativa contra su media hermana. La comitiva fue encabezada por Jessica Ortega de la Cruz, presidenta del Consejo Nacional, junto con los diputados federales Ivonne Ortega Pacheco y Sergio Gil Rullan, y la legisladora local Luz Dary Quevedo Maldonado.
La Fiscalía informó que el grupo fue atendido para dar curso a una petición relacionada con la carpeta de investigación del diputado federal. En la reunión, la fiscal Regional Metropolitana, Yesenia Vega Terrones, y el fiscal Especializado en Delitos Electorales, Roberto Machado Oaxaca, aseguraron que la instrucción del fiscal General, Fernando Blumenkron, es continuar la indagatoria con pleno respeto a los derechos de la víctima.
Los fiscales señalaron que las investigaciones siguen su curso, que la carpeta no está detenida y que el Ministerio Público emitirá una determinación en su momento. Sin embargo, la comisión de MC exigió avances concretos y corregir las deficiencias que impidieron el desafuero en la Cámara de Diputados.
En febrero de 2025, el entonces fiscal Edgar Maldonado Ceballos, actual secretario de Gobierno, afirmó que la dependencia entregó a la Cámara de Diputados la carpeta de investigación contra Blanco Bravo por violación en grado de tentativa. “Esta Fiscalía General del Estado presentó la documentación requerida por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados con fecha 21 de febrero”, informó en su momento.
En marzo de ese mismo año, la Sección Instructora recibió el expediente de la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, pero con el voto de Morena y el PVEM se rechazó iniciar de inmediato su análisis. Jessica Ortega emplazó al fiscal general Fernando Blumenkron a concluir las diligencias pendientes y explicar por qué, después de más de un año, la institución aún no reúne los elementos jurídicos necesarios para presentar una nueva solicitud ante la Cámara de Diputados.
Ivonne Ortega manifestó su inconformidad por la falta de resultados, pese a las gestiones realizadas durante más de un año ante las autoridades estatales y federales. Subrayó que el fuero constitucional no debe convertirse en un impedimento para investigar una denuncia de violencia sexual. “No decimos si es culpable o es inocente, no lo sabemos. Lo que sí decimos es que debe renunciar a su fuero”, declaró.
