Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca homologar los procesos, criterios y herramientas tecnológicas para registrar inmuebles en todo el país. La votación en lo general registró 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención.
El nuevo marco legal plantea establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para modernizar, actualizar e interconectar los catastros y los registros públicos de la propiedad. Uno de los elementos centrales será la creación de una Clave Única Catastral, mediante la cual cada inmueble contará con un identificador que podrá vincularse con su información registral.
También se contempla una Cédula Única Catastral y Registral para concentrar datos sobre la ubicación, características físicas y situación jurídica de cada propiedad. El proyecto incluye un Plan Nacional Catastral, un Plan Nacional Registral y plataformas digitales nacionales destinadas a facilitar el intercambio de información inmobiliaria, los trámites y los servicios relacionados con los catastros y registros públicos.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones participará en la implementación de las herramientas tecnológicas. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y las autoridades catastrales y registrales también tendrán responsabilidades dentro del nuevo esquema. Las plataformas nacionales deberán ser adoptadas a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y entrar en operación el 1 de enero de 2027, conforme al régimen transitorio aprobado.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, rechazó que la nueva legislación implique quitar a los municipios sus facultades sobre el impuesto predial. “Esta ley no crea nuevos impuestos, ni transfiere a la Federación la recaudación del predial”, sostuvo. El objetivo, dijo, es coordinar a las autoridades, compartir herramientas y establecer criterios comunes para los registros, sin sustituir las funciones de los gobiernos locales.
La oposición cuestionó el alcance de la reforma. La diputada panista Nancy Aracely Olguín Díaz intentó frenar la discusión al argumentar que existían deficiencias en el proceso legislativo y falta de consultas. También advirtió sobre la concentración de información inmobiliaria en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que ya tiene atribuciones relacionadas con identidad digital, datos biométricos, ciberseguridad, inteligencia en seguridad pública y adquisiciones tecnológicas.
En contraste, la diputada del Partido del Trabajo, Nora Escamilla, defendió el dictamen y sostuvo que la reforma permitirá fortalecer el marco legal y brindar mayor certeza jurídica en materia inmobiliaria. Escamilla cuestionó a quienes se oponen a la legislación y los acusó de tener intereses relacionados con el llamado “Cártel Inmobiliario”, además de referirse a prácticas de subvaluación de propiedades para reducir el pago de impuestos.
La Cámara de Diputados aprobó posteriormente el dictamen en lo particular con modificaciones. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
