Chihuahua.– La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quedó sin procesos legales vigentes luego de que quedaran sin efecto tanto la denuncia por presunto secuestro promovida por el exgobernador Javier Corral Jurado como la solicitud de juicio político presentada en la Cámara de Diputados.

El caso más reciente se registró este 2 de junio, cuando Corral informó, mediante un comunicado conjunto con su equipo jurídico, que desistió de la impugnación presentada contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de cerrar la carpeta de investigación relacionada con el operativo efectuado en agosto de 2024 en la capital del país.

Con esta decisión quedó firme el archivo de la denuncia promovida por el exmandatario estatal, quien acusó a funcionarios de Chihuahua de participar en una presunta privación ilegal de la libertad durante un intento de detención en su contra.

La controversia surgió el 14 de agosto de 2024, cuando Corral denunció un operativo irregular en la Ciudad de México y señaló a la gobernadora y a autoridades ministeriales chihuahuenses. La Fiscalía capitalina abrió una investigación, pero posteriormente determinó cerrar el expediente al concluir que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.

De manera paralela, también quedó sin efecto la solicitud de juicio político presentada en 2026 por 11 diputados federales de Morena contra Campos Galván, por la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados en Chihuahua.

Sobre este procedimiento, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó el pasado sábado que la solicitud fue desechada debido a que los promoventes no la ratificaron dentro de los plazos legales establecidos.

Con ambas resoluciones, la mandataria estatal no enfrenta actualmente procedimientos legales inmediatos derivados de estos asuntos.

No obstante, en el comunicado difundido por la defensa de Corral se señala que continúan abiertas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que podrían surgir nuevas actuaciones en el ámbito federal en caso de que se aporten elementos adicionales a las investigaciones.