Chihuahua.- La defensa del exfiscal general de Chihuahua, César J.M., acusó que su nueva captura y envío al penal del Altiplano, en el Estado de México, lesionan su garantía de defensa, al mantenerlo sujeto a dos procesos penales al mismo tiempo. Así lo expuso este lunes su abogado, Héctor Villasana, quien confirmó el traslado ocurrido la noche del domingo.
El litigante precisó que hasta la mañana de este lunes no se había fijado hora para la audiencia inicial ante el juez federal. La autoridad judicial deberá decidir si la celebra o espera a que termine la audiencia de vinculación a proceso que se sigue en Chihuahua, cuya reanudación quedó programada para el jueves.
Villasana cuestionó la coexistencia de dos procedimientos contra su cliente: “¿Cómo vas a someter a una persona a dos procedimientos simultáneos, perjudicando o limitando y afectando su derecho de defensa?”. Adelantó que realizará gestiones y promoverá recursos para impugnar las decisiones que considere contrarias a las garantías de su representado.
El abogado sostuvo que no era necesaria una orden de aprehensión, pues el exfiscal ya había comparecido cuando fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE). En su opinión, las autoridades pudieron citarlo directamente ante el juez, no ejecutar su captura mientras atendía el proceso estatal.
Esa actuación, dijo, contraviene el artículo 20 de la Constitución, al impedir que el exfuncionario esté presente en las audiencias, declare y ofrezca pruebas en el proceso de Chihuahua. También criticó que la FGE cambiara la condición de César J.M. de testigo a imputado, cambio que atribuyó a declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en una entrevista con el medio Latinus. Según el abogado, esa circunstancia está asentada en la carpeta de investigación.
La defensa insistirá en impugnar la competencia de la unidad especializada creada para investigar el caso, al considerar que debió corresponder a la Fiscalía Anticorrupción del estado. Villasana argumentó que el acuerdo y el decreto de creación de esa unidad son ilegales, pues contravienen disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción.
Sobre la acusación federal por traición a la patria, el abogado afirmó no recordar antecedentes de alguien juzgado por ese delito en el México independiente. “Es un tipo penal que se quedó ahí, una remanencia de aquellas situaciones y vivencias históricas en nuestro país en las cuales podía haber invasión”, expresó.
La defensa deberá enfrentar ahora el procedimiento federal mientras continúa la causa penal estatal, en un escenario que, según Villasana, plantea dificultades para garantizar el ejercicio pleno de los derechos procesales del exfiscal.
