Una figura mediática egipcia, conocida por presentar un programa sobre crímenes, fue condenada a la horca este sábado por liderar una red de producción y venta de narcóticos sintéticos. Sarah Khalifa, de 39 años, recibió la pena capital junto a otros once acusados en un caso que ha sacudido a la opinión pública de Egipto.
La investigación reveló que la banda importaba precursores químicos desde el extranjero y operaba dos laboratorios clandestinos en departamentos de El Cairo. Las autoridades decomisaron más de 750 kilos de estupefacientes y sustancias para su fabricación, además de armas de fuego y municiones sin licencia.
Khalifa, conductora del ciclo Misión Imposible, era también dueña de una clínica estética y una empresa de eventos. Su perfil en Instagram supera los 2,5 millones de seguidores, lo que convirtió su detención en abril de 2025 en un acontecimiento de alto perfil mediático.
El tribunal sentenció a “Khalifa y otros 11 acusados a la muerte por ahorcamiento por cargos de formar una banda criminal organizada especializada en la obtención de materiales usados para fabricar narcóticos, con la intención de traficarlos, y por poseer y portar armas de fuego y municiones sin licencia”.
De las 28 personas procesadas, doce recibieron la pena capital, nueve cadena perpetua y siete fueron absueltas. La fiscalía presentó testimonios de 20 testigos, así como pruebas digitales consistentes en conversaciones, fotografías y videos que documentaban las operaciones ilícitas.
La conductora negó los cargos y afirmó que nunca había estado en contacto con drogas hasta que la fotografiaron junto a ellas en la sede antinarcóticos. En una causa paralela, se le impusieron cinco años de prisión por secuestro y agresión. Su abogada ha anunciado que apelará la sentencia de muerte, que aún puede ser revisada.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso extendido de la pena capital en Egipto. La Comisión Egipcia de Derechos y Libertades contabilizó 541 condenas a muerte en 2025, mientras que Amnistía Internacional registró 492 condenas y 23 ejecuciones ese mismo año.
Amnistía Internacional sostiene que los delitos de “tráfico de drogas y violación, delitos que no equivalen a ‘homicidio intencional’, categoría a la que debe restringirse el uso de la pena de muerte según el derecho y los estándares internacionales”.