Ciudad de México.– Dos casos recientes colocaron a México en el centro de la atención pública y diplomática por su impacto en la relación con Estados Unidos: un operativo irregular con presuntos agentes extranjeros en Chihuahua y acusaciones formales contra funcionarios en Sinaloa. Aunque ambos son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), presentan diferencias clave en su origen y alcance.
En el primer caso, ocurrido el 19 de abril en Chihuahua, cuatro personas —dos de ellas vinculadas a la Central Intelligence Agency (CIA) y dos agentes estatales— murieron durante un operativo para destruir un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal. La presencia de personal extranjero sin autorización federal desató cuestionamientos sobre soberanía y control de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de la participación de agentes estadounidenses. Tras confirmarse que se trataba de personal de inteligencia, México emitió un extrañamiento formal a Washington.
La FGR citó a declarar a cerca de 50 personas para esclarecer responsabilidades. En paralelo, inconsistencias en la información presentada por autoridades estatales derivaron en la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
En contraste, el caso de Sinaloa surge de una acusación formal desde Estados Unidos. El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La investigación apunta a una red de corrupción que habría favorecido al Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Rocha Moya solicitó licencia al cargo y cuenta con protección federal mientras se desarrollan las indagatorias.
La FGR revisa el expediente, aunque ha señalado que la solicitud presentada por autoridades estadounidenses carece, hasta ahora, de elementos sólidos.
Diferencias clave
Mientras que el caso de Chihuahua se centra en un operativo irregular dentro del territorio nacional con participación extranjera no autorizada —lo que coloca el foco en la soberanía—, el de Sinaloa parte de acusaciones externas contra funcionarios mexicanos, lo que abre el debate sobre cooperación judicial, jurisdicción y validez de pruebas.
En Chihuahua, las investigaciones buscan esclarecer responsabilidades tras los hechos; en Sinaloa, ya existen señalamientos directos contra actores políticos específicos.
Ambos casos reflejan escenarios distintos dentro de la relación bilateral México–Estados Unidos: uno marcado por la posible injerencia extranjera y otro por acusaciones internacionales de corrupción y crimen organizado.