El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusó a un país occidental y a Ucrania de planear una campaña para vincular falsamente a Moscú con el suministro de armas a cárteles del narcotráfico en América Latina, en un intento por debilitar sus relaciones con Venezuela, Colombia y México.

La agencia rusa aseguró que se han detectado planes para fabricar pruebas que involucren a Rusia en el envío ilegal de armamento a organizaciones criminales de la región. Según el comunicado, se estarían importando armas de fabricación rusa hacia México, Colombia y Venezuela, y se prepararían grabaciones de audio y video falsas para respaldar la acusación.

“Los acontecimientos se desarrollan en el escenario latinoamericano, mientras que la trama se parece a un fragmento de una novela policíaca de tercera sobre el narcotráfico”, señaló la oficina de prensa. Además, se buscaría respaldar la información con documentación falsa que indique la presunta participación de representantes de las Fuerzas.

Rusia advirtió que los organizadores de esta campaña demostrarán “su falta de límites morales y su pensamiento estereotipado”. La inteligencia rusa vinculó esta estrategia con el inicio de la guerra en Ucrania y la promoción de historias que, según ellos, trascienden la moral y la ley.

El comunicado recordó el precedente de la provocación de Gleiwitz, que según Moscú fue un montaje occidental que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. “Basta recordar que la Segunda Guerra Mundial comenzó tras la provocación de Gleiwitz el 31 de agosto de 1939: un ataque de miembros de las SS vestidos con uniformes polacos contra una emisora de radio en la ciudad fronteriza alemana de Gleiwitz”, citó el texto.

En paralelo, datos de la administración de Donald Trump muestran una caída de casi el 50 por ciento en el decomiso de armas que pretendían ser sacadas ilegalmente hacia México durante el último año. El aseguramiento de municiones en la frontera también registró una baja de casi el 70 por ciento al cierre de febrero pasado.

Expertos atribuyen esta disminución a una reducción en los operativos de inspección y a la reasignación de agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), quienes antes se dedicaban a la inspección de contrabando de armamento, hacia otras prioridades como la persecución de la migración irregular y el trasiego de drogas.