Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso a Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La decisión se tomó tras una audiencia de casi 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en los juzgados de El Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos que, según el juzgador, son suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario. En particular, se le acusa de haber ocultado información y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
El juez también confirmó la prisión preventiva que enfrenta Ángel “N” desde el 6 de agosto, cuando fue detenido en Tepotzotlán, Estado de México. Permanecerá en el penal de máxima seguridad mientras avanza la investigación.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público federal destacan los testimonios de dos personas protegidas, identificadas como BMREO y LGM. Ellas señalaron que el exgobernador recibió y ordenó destruir dos videos del sistema de cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
Según las testigos, en esas grabaciones se observaba el paso de los normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014. La destrucción del material habría tenido como fin ocultar la posible relación entre mandos policiacos y grupos del crimen organizado.
La defensa de Ángel “N” anunció que apelará la resolución. Su abogado, Guillermo Barrada Cendón, calificó como “lamentable la situación del sistema de justicia” y aseguró: “Apelaremos y haremos un esfuerzo por tratar de demostrar plenamente su inocencia en las próximas etapas”.
Durante la audiencia, la defensa presentó 31 datos de prueba para desacreditar la acusación. Argumentó que el 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador estaba en Ciudad de México, en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y no en Chilpancingo. También cuestionó la geolocalización de un teléfono celular que, afirmó, no pertenecía a su cliente.
El juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Barrada Cendón expresó su solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes y consideró necesaria una investigación profunda para esclarecer los hechos.
