Ciudad de México.– La obligación de registrar las líneas móviles con nombre y la Clave Única de Registro de Población antes del 30 de junio de 2026 ha generado resistencia entre usuarios en el país, principalmente por preocupaciones relacionadas con la privacidad y la posible filtración de datos personales.
De acuerdo con especialistas en derecho constitucional, tras el vencimiento del plazo, los usuarios podrán promover amparos en un periodo de hasta 15 días en caso de que su línea sea suspendida.
Los costos de estos recursos legales podrían oscilar entre 15 mil y 30 mil pesos, con resoluciones que tardarían entre seis meses y un año.
El principal argumento legal en contra de la medida es la presunta invasión a la privacidad, además del antecedente de iniciativas similares como el RENAUT y el PANAUT, las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante este escenario, algunos usuarios han optado por alternativas tecnológicas como el uso de eSIM extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que permiten operar sin tarjeta física en México.
Sin embargo, estas opciones presentan desventajas como costos más elevados, limitaciones en su duración y problemas de compatibilidad con aplicaciones bancarias y servicios gubernamentales.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) adelantó que podría buscar regular este tipo de líneas tras la realización del Mundial 2026.
Hasta el momento, se han registrado alrededor de 30.2 millones de líneas móviles, lo que representa apenas una quinta parte de las más de 144 millones activas en el país. Especialistas consideran que la meta de registro —equivalente a 1.5 millones de líneas por día— luce difícil de alcanzar.