La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hará pública la información sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra políticos mexicanos. La dependencia mantendrá bajo estricta reserva las notas diplomáticas que forman parte de los expedientes judiciales.
La medida responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la acumulación de solicitudes de acceso a información sobre un caso que ha sacudido el escenario político y jurídico del país.
"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado", informó la dependencia.
El anuncio se da luego de que el gobierno estadounidense solicitó formalmente a México la captura de varios servidores públicos de Sinaloa. Entre los señalados están el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, a quienes las autoridades de Estados Unidos vinculan con miembros del Cártel de Sinaloa.
Tras recibir los expedientes, la Cancillería los turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis jurídico. La SRE precisó que la documentación enviada desde Washington no contenía los elementos probatorios suficientes para justificar las detenciones provisionales.
Sin bases legales para las capturas
La FGR determinó que no existían las bases legales necesarias para cumplimentar las órdenes de aprehensión, por lo que requirió información adicional al gobierno estadounidense. Esta negativa desató cuestionamientos sobre la solidez de las solicitudes de extradición, lo que motivó a ciudadanos y medios a interponer recursos de acceso a la información.
La Cancillería adelantó que entregará toda la información permitida por la ley, blindando únicamente las notas diplomáticas por estar ligadas a procedimientos judiciales que exigen confidencialidad. La SRE aseguró que la decisión busca balancear el derecho a la información sin comprometer las investigaciones ni la cooperación bilateral. "Nuestro compromiso es con la transparencia", finalizó.