Chihuahua.- Con 32 votos a favor y cero en contra, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó en sesión ordinaria un dictamen con carácter de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua, en materia de protección a los derechos humanos de las y los docentes.

El dictamen fue presentado por el presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, diputado Óscar Avitia, quien señaló que la iniciativa surgió a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidió que impulsáramos este decreto, que garantizáramos que hubiese una propuesta que ha sido construida en conjunto con ellos. Voy a hacer entrega a mi organización sindical para que mi organización sindical haga entrega a la autoridad educativa local”, expresó en tribuna.

Avitia aclaró que la emisión y aplicación del protocolo corresponde al Poder Ejecutivo estatal. “Nos queda muy claro que el protocolo es competencia del señor secretario de Educación, es competencia del Poder Ejecutivo, es competencia de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua”, indicó.

Subrayó que desde el Legislativo se construyó una base normativa con participación del magisterio. “Nosotros estamos haciendo una propuesta sólida, responsable, plural y con la participación activa de muchas maestras, de muchos maestros, sobre todo con el respeto a quienes han sido víctimas de la falta de un protocolo”, afirmó.

El decreto contempla la adición del Capítulo V Bis a la Ley de Seguridad Escolar, denominado “Del contenido mínimo de los protocolos de protección al personal docente”, así como la incorporación del artículo 32 Bis, con el fin de establecer lineamientos para prevenir y atender agresiones, acoso o cualquier tipo de violencia contra el personal educativo en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el nuevo artículo 32 Bis, la Secretaría de Educación y Deporte deberá establecer protocolos de actuación y acompañamiento para prevenir, atender y canalizar hechos que afecten a docentes, incluso cuando provengan de alumnas, alumnos, madres, padres de familia o tutores.

Entre los puntos mínimos que deberán contemplar estos protocolos se encuentran garantizar la seguridad e integridad de niñas, niños, adolescentes y del personal que integra las comunidades escolares; establecer medidas inmediatas y proporcionales ante hechos de violencia, accidentes, agresiones sexuales u otras situaciones de riesgo dentro o fuera del entorno escolar.

También se deberán crear mecanismos de actuación que respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos y laborales del personal educativo ante posibles denuncias infundadas o maliciosas. Asimismo, se garantizará atención legal, psicológica y administrativa tanto a presuntas víctimas como a trabajadores señalados, con enfoque diferenciado y perspectiva de derechos humanos.

En el artículo segundo se adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 14 de la Ley Estatal de Educación, para establecer que corresponde a la autoridad educativa garantizar en todo momento la defensa de la dignidad, el honor, la seguridad y la estabilidad laboral y emocional del personal profesional de la educación, así como brindar asesoría y acompañamiento jurídico y, en su caso, psicológico cuando se vulneren sus derechos, activando los protocolos previstos en la Ley de Seguridad Escolar.

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