Ciudad de México.– El Gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerar que es tendencioso y omite avances institucionales en el combate a las desapariciones forzadas desde 2018.

A través de un posicionamiento oficial, las autoridades señalaron que el documento no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, lo que, afirmaron, provoca conclusiones que no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con la realidad actual del país.

El Gobierno federal sostuvo que el procedimiento de la convención internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, situación que, aseguró, no corresponde a México en la actualidad.

Indicó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de limitarse a cuatro estados, por lo que consideró que sus conclusiones son parciales.

Asimismo, lamentó que el comité no haya considerado información actualizada entregada el pasado 27 de marzo antes de emitir su resolución.

El propio documento del organismo internacional, señaló el Gobierno mexicano, reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones de forma sistemática o generalizada contra la población civil.

También se cuestionó el rigor jurídico del informe y se acusaron posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del comité, al señalar que al menos uno habría trabajado previamente con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no tolera ni permite las desapariciones forzadas y destacó que en la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.

Entre las medidas implementadas, mencionó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.

También destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la coordinación entre fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República.

Finalmente, el Gobierno aseguró que México mantiene una política de cooperación con organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y reiteró su disposición al diálogo, siempre que se base en información que refleje la situación actual del país.

Gobierno de México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas

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