Chihuahua.- El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que la desaparición forzada en México es un problema histórico que rebasa periodos de gobierno, al referirse al reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, el cual —dijo— debe asumirse como una oportunidad para fortalecer las acciones del Estado y no como un señalamiento a desestimar.

"Es un fenómeno que no se puede analizar desde la óptica de un sexenio; el Estado mexicano tiene una enorme deuda con el país", sostuvo el funcionario.

El posicionamiento del fiscal ocurre en un contexto de tensión entre el gobierno federal y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuyo informe advierte que la crisis en México mantiene dimensiones graves, con más de 133 mil personas desaparecidas y miles de restos humanos sin identificar en el país.

De acuerdo con ese diagnóstico, entre 2023 y 2025 se registraron más de 28 mil desapariciones adicionales, lo que confirma la continuidad del problema pese a los cambios de administración.

Jáuregui Moreno coincidió en que el fenómeno no solo persiste, sino que en algunas entidades ha mostrado incrementos, aunque precisó que en Chihuahua no presenta el mismo nivel de incidencia que en otras regiones del país.

El informe del organismo internacional también advierte deficiencias estructurales en la respuesta institucional, como la impunidad, la crisis forense —con alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar— y la revictimización de familias, aspectos que el fiscal reconoció indirectamente al subrayar la importancia de mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación.

"Lo peor que puede hacer el Estado es pensar que las cosas no existen", expresó el titular de la Fiscalía, en alusión a las posturas que han minimizado el alcance del informe.

Mientras el gobierno federal ha rechazado partes del diagnóstico al considerar que es "sesgado" y que atribuye responsabilidades de forma incorrecta, organismos civiles y expertos han insistido en que el documento ofrece elementos técnicos relevantes para atender la crisis. Jáuregui Moreno destacó que, más allá del debate político, la desaparición forzada es uno de los delitos más graves por el impacto que genera en las familias, al prolongar la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

En ese sentido, subrayó que las labores de localización de restos —como las realizadas en distintos puntos del país— permiten a las víctimas acceder a una forma mínima de reparación y cerrar ciclos, en medio de una problemática que, coincidieron instancias internacionales y autoridades, sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en México.

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