Ciudad de México.– Este sábado 11 de abril de 2026 entró en vigor la nueva reforma al artículo 127 tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una medida que marca el fin de las percepciones excesivas en el sector público y refuerza la política de austeridad en todos los niveles de gobierno.

La reforma, avalada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, busca evitar que exfuncionarios sigan recibiendo las llamadas "pensiones doradas", estableciendo límites estrictos que impactarán a instituciones federales, estatales, municipales y organismos descentralizados.

¿En qué consisten los nuevos límites?

El cambio constitucional precisa que la remuneración de cualquier servidor público, ya sea en funciones o en retiro, debe mantenerse bajo parámetros definidos, tomando como eje central el salario presidencial. Los puntos clave incluyen:

Tope Presidencial: Ningún servidor público podrá recibir una retribución mayor a la establecida para el titular del Ejecutivo Federal.
Límite para personal de confianza: Las jubilaciones y pensiones en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos no podrán superar la mitad de la remuneración presidencial.
Jerarquía salarial: Ningún trabajador podrá ganar igual o más que su superior jerárquico (salvo excepciones técnicas que, aun así, no deberán exceder la mitad del salario del Presidente).

La reforma contempla excepciones específicas para ciertos sectores y ahorros propios de los trabajadores, entre las excepciones están los integrantes de las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, los sistemas financiados por aportaciones sindicales, la pensión para el Bienestar (no contributiva) prevista en la Constitución, y ajustes obligatorios y plazos

Según los artículos transitorios, las pensiones vigentes deberán ajustarse al nuevo límite, aunque se respetarán los términos de los haberes de retiro otorgados antes de esta publicación.

Las instituciones públicas tienen la obligación de revisar y modificar contratos o condiciones laborales para alinearse a la ley. Por su parte, el Congreso de la Unión y los estados cuentan con un plazo de 90 días para adecuar sus leyes locales. Finalmente, se advirtió que no habrá ampliaciones presupuestales para la implementación de estos cambios.

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