El Paso.- La Diócesis Católica de El Paso presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, argumentando una creciente presión financiera derivada de litigios por presuntos abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el director financiero Gregory J. Watters, la medida busca permitir la reorganización de las finanzas de la diócesis mientras continúan operando sus programas religiosos, educativos y de asistencia social.

Actualmente la institución enfrenta 18 demandas agrupadas en 12 procesos judiciales en Nuevo México, relacionados con denuncias de abuso sexual infantil presuntamente ocurridos entre 1956 y 1982. Las autoridades eclesiásticas advirtieron que los costos legales y posibles acuerdos podrían ascender a decenas de millones de dólares.

Funcionarios de la Iglesia señalaron que el proceso de bancarrota permitirá establecer un mecanismo ordenado para atender las reclamaciones de las víctimas, evitando que solo los primeros demandantes reciban compensación mientras otros queden sin acceso a recursos.

Como parte del proceso, la diócesis propondrá un plazo de 120 días para que posibles víctimas presenten reclamaciones relacionadas con abusos cometidos por sacerdotes, empleados o voluntarios.

El obispo de la diócesis, Mark J. Seitz, ofreció disculpas públicas a los sobrevivientes y afirmó que la Iglesia busca avanzar hacia un proceso de reconciliación y garantizar entornos seguros para las comunidades católicas.

Según los registros financieros, para el año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2025 la diócesis reportó gastos por 15.36 millones de dólares frente a ingresos por 14.96 millones, lo que generó un déficit cercano a 401 mil dólares.

La institución religiosa también solicitó autorización judicial para continuar pagando salarios, seguros, servicios básicos y otros gastos esenciales durante el proceso de reorganización, con el fin de evitar afectaciones en sus actividades pastorales y programas comunitarios en la región fronteriza.

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