Ciudad Juárez.- Tras la apelación presentada por el Instituto Tesla contra la sentencia civil que lo condena al pago de más de 21 millones de pesos por daño moral, la diputada Xóchitl Contreras anunció que se revisarán los protocolos de actuación en instituciones educativas para fortalecer su actuación ante casos de presunto acoso y hostigamiento sexual.
La legisladora, quien se sumó a la defensa del plantel, señaló que el caso ha generado preocupación entre las escuelas, debido a que podría provocar que algunas instituciones duden en intervenir ante denuncias de conductas indebidas por temor a enfrentar consecuencias legales.
De acuerdo con la defensa del Instituto Tesla, la demanda civil derivó de las acciones tomadas por la escuela contra un exalumno señalado por presuntamente acosar y hostigar sexualmente a más de 20 estudiantes, situación que, afirman, podría sentar un precedente para otros centros educativos.
“Si hay algo que tenemos que mejorar no lo dude que lo vamos a llevar a cabo, porque es inadmisible que los institutos estén con este temor, si algo le tenemos que dar a nuestras instituciones educativas es esa confianza y esa seguridad que ante este tipo de situaciones pues obviamente se les tiene que apoyar y respaldar”, declaró Contreras.
La diputada adelantó que trabajarán de manera coordinada con la Secretaría de Educación y Deporte para analizar posibles modificaciones a los protocolos vigentes y realizar los ajustes que sean necesarios.
Por su parte, el subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, recordó que cuando ocurrieron los hechos que dieron origen al caso, no existían protocolos específicos para atender este tipo de situaciones en el nivel medio superior, ya que únicamente había lineamientos dirigidos a educación básica.
El funcionario sostuvo que, en su momento, el Instituto Tesla actuó de manera adecuada y que la dependencia educativa dio seguimiento al caso dentro del ámbito de sus atribuciones.
Asimismo, informó que actualmente se encuentran revisando los protocolos establecidos desde 2021 con el objetivo de actualizarlos y adecuarlos a las necesidades que enfrentan los planteles educativos en la actualidad.