Dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos fallecieron el 19 de abril en un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara, tras participar en un operativo antidrogas en El Pinal, municipio de Morelos. En el siniestro también murieron el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.

La camioneta en la que viajaban los cuatro hombres se precipitó a un barranco de aproximadamente 200 metros y se incendió cerca de la comunidad de Polanco. Las víctimas extranjeras fueron identificadas como Richard Leiter Johnston III, de 36 años, y John D. Black, de 44.

John D. Black, originario de San Francisco, nació en 1982. Estudió en la Universidad Gonzaga y más tarde ingresó al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Durante su despliegue en Afganistán, se desempeñó como ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines.

Por su parte, Richard Leiter Johnston III egresó de la Universidad de Virginia en 2013. Sirvió en Afganistán y formó parte de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes. Antes de unirse a la CIA, también participó en operaciones en Filipinas.

Ambos agentes estuvieron vinculados al despliegue efectuado entre el 17 y el 19 de abril en las inmediaciones de El Pinal. En esa zona, fuerzas estatales y militares desmantelaron seis laboratorios clandestinos de metanfetamina, entre ellos una instalación con un reactor de 800 metros cuadrados.

Inicialmente, las autoridades de Chihuahua identificaron a los estadounidenses como instructores de la Embajada de Estados Unidos especializados en drones. Sin embargo, medios internacionales revelaron posteriormente que pertenecían a la CIA.

La muerte de los agentes y su participación en el operativo desencadenaron una investigación sobre la intervención de personal extranjero en acciones de seguridad dentro de México, sin conocimiento del Gobierno federal. El caso cobró relevancia nuevamente en octubre, tras la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y las investigaciones relacionadas con otros exfuncionarios estatales, entre ellos Guillermo Arturo Zuany Portillo, por su presunta intervención en los hechos.