Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que eran cuatro los agentes estadounidenses que operaban en territorio mexicano sin autorización oficial, de los cuales dos fallecieron en abril durante un accidente en el estado de Chihuahua y otros dos abandonaron el país tras una solicitud de las autoridades mexicanas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que los agentes ingresaron a México con documentación legal, aunque sin cumplir con los protocolos de acreditación correspondientes ante el Gobierno mexicano.

“Entraron con pasaportes legales, diplomáticos, como turistas”, explicó Sheinbaum.

La presidenta agregó que, tras detectarse la situación, a los dos agentes sobrevivientes se les pidió regularizar su estancia o abandonar el país, por lo que finalmente salieron de territorio mexicano.

“No tenían acreditación”, afirmó.

El caso salió a la luz luego de la muerte de dos estadounidenses ocurrida el pasado 19 de abril en un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua, zona donde previamente se había realizado un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Aunque Sheinbaum no confirmó públicamente si los agentes pertenecían a la CIA, versiones periodísticas difundidas previamente por The Washington Post y confirmadas a The Associated Press por fuentes bajo anonimato señalaron que sí formaban parte de la agencia de inteligencia estadounidense.

El incidente generó tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, luego de que la administración federal reclamara que no se notificó oficialmente sobre las actividades de los agentes en territorio nacional.

El caso también derivó en fricciones políticas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien fue citada este miércoles por la Fiscalía General de la República para declarar sobre los hechos relacionados con el operativo realizado en la sierra del estado.

De acuerdo con versiones oficiales, la investigación podría extenderse a otros funcionarios estatales por presuntas violaciones a las disposiciones de seguridad nacional.