Represión contra Iglesia católica siembra miedo en Nicaragua

Miami.- Diecinueve sacerdotes expulsados del país, decenas de incidentes de acoso y profanaciones de iglesias, áreas rurales carentes de culto y servicios sociales: la situación del clero y de los fieles católicos en Nicaragua empeora en 2024, según sacerdotes exiliados, laicos del país centroamericano y defensores de derechos humanos.

El miedo a la represión en curso por parte del presidente Daniel Ortega —contra la Iglesia católica en particular, pero sin escatimar a los evangélicos— se ha vuelto tan generalizado que silencia las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito.

“Cada vez el silencio se hace más profundo”, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos. Su trabajo —en el que registró cientos de casos de persecución eclesiástica— le valió recientemente un International Religious Freedom Award (Premio a la Libertad Religiosa Internacional) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Si es peligroso rezar el rosario en la calle, extremadamente lo es hacer denuncia”, declaró Molina.

“Muchos sacerdotes consideran (que) si denuncian, hay más represalias contra la comunidad. Nosotros como laicos queremos que ellos hablen, pero la única alternativa es el cementerio, la cárcel o el destierro”.

Contó 30 profanaciones de iglesias en el último año, de las cuales solo unas cuantas fueron denunciadas a las autoridades. Recientemente, supo de un sacerdote que acudió a la policía tras un robo en su iglesia —solo para recibir insultos y que le dijeran que él era sospechoso—.

“La vida en Nicaragua es un infierno, porque la vigilancia es brutal. Vos no podés decir nada que sea en contra de ellos”, dijo un sacerdote exiliado. Como él, la mayoría de los exiliados entrevistados para este artículo hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias contra sus familias o sus comunidades en Nicaragua.

“El pueblo está rostro en tierra: ‘Si están haciendo eso con los padres (los sacerdotes), ¿qué van a hacer con nosotros?’”, añadió el clérigo. Se le prohibió regresar a Nicaragua, donde él, como muchos sacerdotes y monjas, provocó la ira del gobierno por brindar refugio y primeros auxilios a los heridos cuando el gobierno de Ortega reprimió violentamente las protestas cívicas masivas en 2018.

Los disturbios de entonces, que comenzaron contra los recortes propuestos a la seguridad social, se ampliaron para exigir elecciones anticipadas y acusar a Ortega de medidas autoritarias después de que cientos de manifestantes fueran asesinados por las fuerzas de seguridad y grupos civiles aliados.

Al igual que varios gobiernos latinoamericanos que tienen sus raíces en revoluciones socialistas, el de Nicaragua ha tenido una relación inconsistente con los líderes religiosos durante décadas. Pero esas protestas desencadenaron una escalada y un ataque sistemático a la Iglesia en lo que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional llama una “campaña de acoso y persecución severa”.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien es también vicepresidenta, culpan al clero “terrorista y golpista” de apoyar los disturbios civiles que, según afirman, equivalen a planear un golpe de Estado en su contra. El clero y los observadores laicos dicen que el gobierno trata de sofocar a la Iglesia porque todavía es el raro crítico que se atreve a oponerse a la violencia de estado en Nicaragua y cuya voz es respetada por muchos ciudadanos.

El “exilio sin precedentes de voces críticas” —desde líderes religiosos hasta periodistas y artistas— en Nicaragua equivale a un “plan de censura total”, dijo Alicia Quiñones, quien dirige la organización de libertad de expresión PEN International en América y el Caribe.

Se ha vuelto casi imposible realizar reportajes independientes en Nicaragua, agregó, y citó el encarcelamiento el año pasado de un periodista acusado de “información falsa” luego de que cubriera una celebración de Pascua cuando las fiestas católicas públicas han sido prohibidas en gran medida.

“Ya no se soporta la presión”, dijo un sacerdote que ahora se encuentra en Estados Unidos. Al igual que otros, refiere que los asistentes a misa han comenzado a notar que hay gente en los bancos que nunca antes habían visto y temen que estén allí para informar sobre cualquier indicio de oposición al gobierno, aunque solo sea una oración por la seguridad del clero encarcelado en condiciones peligrosas.

En un país donde más del 80 por ciento de la población es cristiana —alrededor del 50 por ciento católica y más del 30 por ciento evangélica, según la comisión de libertad religiosa de Estados Unidos— la represión es profunda tanto espiritual como materialmente.

Ha afectado no solo al clero y las órdenes religiosas, sino también a los estudiantes universitarios, a las poblaciones minoritarias y marginadas, e incluso a pequeños negocios en pueblos rurales que dependían de procesiones religiosas y fiestas de los santos patronos —ahora con frecuencia prohibidas o realizadas solo en interiores— para obtener sus ingresos.

En noviembre, Molina dijo que a muchos sacerdotes incluso se les impidió celebrar misas tradicionales en los cementerios por Día de Muertos, una festividad religiosa importante en toda Latinoamérica.

El Congreso de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega, ha cerrado más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa, lo que ha creado una brecha importante en los servicios sociales, especialmente en zonas rurales. Además de muchos bienes diocesanos, el gobierno confiscó la prestigiosa Universidad Centroamericana, cuyos líderes jesuitas habían abierto las puertas a estudiantes que protestaban y huían de los ataques policiales y paramilitares.

A pesar del creciente miedo, muchos fieles continúan asistiendo a los servicios religiosos —donde todavía están disponibles. En las zonas rurales, en especial, las parroquias y capillas se han quedado sin sacerdotes, aunque los seminarios todavía tienen estudiantes, por lo que algunos fieles esperan que eventualmente puedan reemplazar a los exiliados u obligados a huir.

Muchos de los principales líderes de la Iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo encarcelado durante más de un año, fueron liberados de prisión y enviados al extranjero para negociar con el Vaticano el mes pasado. Una docena de sacerdotes encarcelados también fueron enviados al Vaticano en octubre.

La Santa Sede ha ofrecido pocos comentarios públicos sobre la situación, excepto llamar al diálogo. El portavoz del Vaticano no respondió cuando la AP le preguntó si el cardenal Leopoldo Brenes, el clérigo de más alto rango de Nicaragua, se encuentra en Roma como informaron algunas fuentes nicaragüenses.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha sido uno de los críticos más abiertos de la represión en Nicaragua desde el área de Miami, donde reside después de que el papa le pidió que abandonara su país para evitar amenazas violentas. A finales de enero, escribió en X, antes Twitter, que estaba en el Vaticano para reunirse con el papa Francisco, quien “me mostró su interés y amor por Nicaragua”. Muchos exiliados argumentan que, si bien negociar la liberación de sacerdotes y otros presos políticos marca un progreso, enviarlos al exilio no puede convertirse en una práctica aceptable.

“El destierro no puede normalizarse”, dijo Dolly Mora, quien se vio obligada a huir a Estados Unidos, donde ayuda a hacer campaña contra la práctica junto con otros activistas nicaragüenses. “Es injusto como la prisión. La comunidad internacional no puede decir está bien que los expulsen”.

Sin protestas más fuertes por parte del Vaticano y de los gobiernos extranjeros, muchos exiliados temen que cualquier representante de la iglesia que quede en Nicaragua se sienta intimidado para ser complaciente al gobierno de Ortega, a quien ahora solo apoya una minoría del clero.

Así que esperan que seguir con sus denuncias de la represión y su documentación de cada sacerdote golpeado y cada tabernáculo profanado eventualmente conduzca a la justicia.

“La dictadura lo que pretende es eliminar por completo la religión católica, porque no han logrado que la iglesia se arrodille a ellos”, dijo Molina. “No lo va a lograr”.