Reparten becas escolares a víctimas de violencia de alto riesgo

Ciudad Juárez.- La forma en que se dan a conocer los acontecimientos influye en cómo las personas empatizan, comprenden y dimensionan la realidad de otros, por lo que la manera en que se presenta la información contribuye a la construcción del discurso colectivo. Ante ello, asociaciones civiles impulsan que medios de comunicación y autoridades prioricen el respeto a los Derechos Humanos.

Este día se lleva a cabo el foro “La Justicia de las Palabras”, impulsado por las asociaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA); Casa Amiga Esther Chávez Cano; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Fundación Integra y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS).

Entre los objetivos del foro se encuentra el análisis de narrativas para abordar cuáles son los límites de la libertad de expresión, a fin de evitar la discriminación hacia personas con discapacidad, personas migrantes, familias y víctimas de desaparición forzada, así como personas víctimas de violencia de género.

El primer conversatorio contó con la participación de Lydia Cordero, directora de Casa Amiga; Carla Palacios, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Maricruz Torres, coordinadora del programa de inclusión social de Fundación Integra, y Alejandra Corona, responsable ejecutiva de la oficina del JRS.

Durante el foro se abordaron aspectos como los impactos negativos de los discursos que vulneran los derechos humanos, entre ellos la normalización de la violencia, la discriminación, la revictimización y la vulneración al debido proceso.

Las activistas y expertas en derechos humanos plantearon que todas las personas que tienen la posibilidad de emitir un discurso (ya sea información oficial, narrativa de hechos u opinión) deben asumir la responsabilidad de las palabras que utilizan, debido al impacto que estas tienen en la vida de otras personas.

Ciudad Juárez.- No se sorprenda si al comprar tortillas nota que están más caras que ayer. La Asociación de Tortillerías Paso del Norte anunció que, a partir de hoy, el kilogramo de este producto básico costará 28 pesos en Juárez.

Pedro Murillo, presidente de esta asociación filial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juárez, justificó el ajuste, explicando que, aunque este año no hubo incrementos en el precio de la harina de maíz, otros insumos requeridos para su producción sí aumentaron.

Uno de los incrementos que más afecta al sector es el costo de las refacciones para las máquinas tortilleras, que subió entre un 30 y 80 por ciento.

“Es por todos los aumentos que se vinieron este año. Estamos hablando del salario mínimo; aunado a eso, aumenta el seguro, aumenta el Infonavit, se nos viene el incremento al predial, al Impuesto Sobre Nómina (ISN), y tenemos otro gasto que es el curso de manejo de alimentos, que cada año nos cuesta mil 249 pesos. La suma de todos estos incrementos nos llevó al ajuste de dos pesos”, detalló Murillo.

El presidente de la Asociación Paso del Norte estimó que para el 2 de febrero, las 460 tortillerías que forman parte del organismo ya contarían con el ajuste en el costo de acuerdo con lo pactado.

Ciudad Juárez.- Esta mañana se llevó a cabo un operativo del programa de Reordenamiento Urbano en la colonia México 68, donde autoridades municipales atendieron una denuncia ciudadana por la obstrucción de una vialidad a causa de un taller mecánico.

El operativo se realizó sobre la calle Profesora Francisca Grava, donde vecinos reportaron que el propietario del taller mantenía varios vehículos estacionados sobre la vía pública, algunos en estado de yonke, ocupando gran parte de la calle e impidiendo el libre paso tanto de automovilistas como de peatones.

De acuerdo con los reportes, la situación ya había sido notificada previamente al responsable del taller, sin que se atendiera el llamado de atención. Al no observarse ninguna corrección, inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano, personal de Limpia, así como agentes de Seguridad Vial y de Seguridad Pública acudieron al lugar para retirar los automóviles que obstruían la vialidad.

Brian Solís, jefe de inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano, informó que la multa por parte de esta dependencia será de alrededor de 7 mil pesos, a lo que se sumarán los costos por el uso de la grúa, las sanciones correspondientes por parte de Seguridad Vial y el desecho recolectado por la Dirección de Limpia.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que atienda los avisos y notificaciones emitidos por el Municipio, así como para que reporten casos similares a través de las redes sociales del gobierno municipal, con el fin de mantener el orden y la movilidad en las colonias de la ciudad.