Reparan hundimiento en la colonia Melchor Ocampo

Ciudad de México.- El gobierno mexicano no ha explicado sus planes ante eventuales deportaciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, los albergues de migrantes del norte de México ya se preparan para recibir a los potenciales deportados, facilitar su reintegración laboral y registrar abusos que se puedan cometer a ambos lados de la frontera.

Según explicó el jueves a AP Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, un albergue de la ciudad de Monterrey, esas fueron algunas de las acciones acordadas por los 28 refugios de migrantes de la zona norte (muchos de ellos de la Iglesia católica) que se reunieron esta semana en el estado fronterizo de Nuevo León, donde se ubica Monterrey.

Zavala, sacerdote, académico y uno de los anfitriones de la reunión, indicó que la primera idea es repetir lo que Tijuana hizo hace décadas, cuando empezó a recibir deportados: replantear los albergues para atender no solamente a quienes van hacia Estados Unidos sino a los que son devueltos, y contactarlos con fábricas y empresas locales que puedan contratarlos.

El objetivo es buscar cómo insertarlos laboralmente de forma inmediata. Y para ello Nuevo León, un estado muy industrial, es uno de los puntos clave.

“Todos los días vienen aquí empleadores", dijo Zavala refiriéndose al albergue que dirige. “Monterrey tiene un déficit de mano de obra de más de 15 mil puestos” sobre todo en empresas con cadena de suministro.

Otra de las propuestas, prevista en colaboración con la ONG estadunidense “Immigrant Hope”, es hacer una base de datos de abusos sufridos por migrantes a ambos lados de la frontera para poder exigir mecanismos legales para su protección.

Pero hay mucha incertidumbre y eso hace que sea complicado prepararse.

Zavala dijo que no se sabe qué tipo de protección ofrecerán los consulados mexicanos en Estados Unidos, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que habrá apoyo legal y administrativo. También se desconoce si Trump deportará a México sólo a nacionales mexicanos o devolverá a migrantes de otras nacionalidades.

“Ante cualquier escenario factible, las casas tenemos que replantearnos de manera eficiente cómo vamos a canalizarlos”, sentenció el sacerdote.

Nuevo León es uno de los pocos estados que, desde hace un par de años, da recursos a la sociedad civil para atención a los migrantes, agregó Zavala, pero la ayuda del gobierno federal es muy escasa.

De ahí que en el comunicado final del encuentro, los albergues pidieron al ejecutivo federal que apoye financieramente a las organizaciones —oficiales o de la sociedad civil— que trabajan con migrantes, que promueva más programas de regularización y estancia legal en México y que investigue los abusos contra esta población, en cumplimiento con sus compromisos nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos.

Sinaloa.- Dos hombres fallecieron el jueves al derrumbarse un cerro en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, anunciaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió el jueves en el poblado norteño de Potrero de Tepaca, del municipio Badiraguato, donde dos personas murieron por un deslizamiento de tierra en un cerro en el que se realizaban trabajos con maquinaria, dijo a The Associated Press Roy Navarrete, director de Protección Civil de Sinaloa.

Navarrete explicó que inicialmente se recibió el reporte del derrumbe en una mina, pero al llegar al lugar se constató que se trató de un deslizamiento de tierra que sepultó a dos personas. Fueron rescatadas sin vida por los pobladores.

En agosto del 2022, 10 mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila. El caso desató una fuerte polémica debido a que dejó al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades laborales.

Otro mortal accidente ocurrió en febrero del 2006 en la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde murieron 65 mineros tras una explosión.

Chihuahua.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Myriam Hernández Acosta, anunció que se reunirá con los líderes parlamentarios en el Congreso del Estado, a fin de dar claridad a la iniciativa que mandó para el retiro de los trabajadores del órgano judicial y que ha sido criticada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Rechazó que haya privilegios y caprichos en la propuesta, pues ella considera una pensión vitalicia para quienes han laborado al menos 10 años para el Poder Judicial y no cinco como argumentó el coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, por lo que se dijo dispuesta a debatir con los legisladores para que se dé el trámite correspondiente a su iniciativa.

Hernández Acosta dijo estar a la espera de la agenda de los diputados para acudir ante el Congreso del Estado a aclarar el motivo de su iniciativa y dependerá de las fechas para saber si acude con cada uno de los coordinadores o el encuentro sería simultáneamente con todos.

Recalcó que la Reforma Judicial es el fin del Estado como se le conoce, pues se busca la imposición de un régimen autoritario, retrocediendo en el tiempo y eliminando las garantías y derechos que han costado lucha, años y sangre para lograrlos.

También dijo que están pendientes con la ruta a seguir pues aún no se ha analizado el recurso de reclamación por el desechamiento del recurso interpuesto por el Poder Judicial del Estado ante la Suprema Corte de Justicia contra la Reforma Judicial así como verificar la posible asistencia ante las instancias internacionales, toda vez que se resuelvan los amparos que se interpusieron de manera individual por algunos integrantes del mismo órgano judicial.