Chihuahua.- Cada mes, cerca de 500 reportes ciudadanos sobre bienestar animal llegan al Municipio de Chihuahua, pero solo una fracción —28 por ciento— es clasificada como maltrato por médicos veterinarios. El resto corresponde a omisiones de cuidado, un matiz que define la ruta de atención y las responsabilidades legales.
Rocío Reza, coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, explicó que las brigadas municipales acuden a los domicilios señalados para inspeccionar las condiciones de los animales. Si detectan aspectos que deben corregirse, emiten recomendaciones a los propietarios o tutores para garantizar su bienestar.
Diez días después de la primera visita, el personal regresa al lugar para verificar si las indicaciones fueron cumplidas. Si no hubo cambios, se aplican las sanciones previstas en el Reglamento de Bienestar Animal. Este mecanismo, dijo Reza, busca corregir antes de castigar, pero sin tolerar la negligencia.
Cuando los hechos constituyen un delito de crueldad animal, la carpeta de investigación se integra en la Fiscalía General del Estado. El Municipio actúa como primer respondiente, levanta actas de inspección y colabora con la autoridad ministerial cuando lo solicita. Esta coordinación, afirmó la funcionaria, es clave para que los casos no queden impunes.
Reza subrayó que la participación ciudadana es determinante, no solo para denunciar, sino para aportar pruebas que permitan acreditar los hechos y establecer responsabilidades. “Es importante que denuncien, pero también hay que colocar la denuncia correspondiente en Fiscalía”, señaló.
Las brigadas municipales atienden reportes todos los días, y la Fiscalía estatal ha mostrado disposición para avanzar en las investigaciones. Con todo, la coordinadora insistió en que la prevención y la corresponsabilidad de los tutores son esenciales para reducir los casos de omisión y maltrato.
