Protección civil tiene nuevo titular

Ciudad Juárez.- Varios vehículos se incendiaron en un terreno baldío de la colonia Aerojuarez, la tarde del miércoles.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Aerojuárez 1 para sofocar las llamas.

Poco más de 10 unidades fueron consumidas por el fuego coma del cual, no se ha especificado qué lo inició; tampoco se reportaron personas lesionadas.

Jiménez.- Como parte de la gira de trabajo que efectúa por la región sur del estado, la gobernadora supervisó el avance de las obras de construcción del laboratorio de mecatrónica, del Instituto Tecnológico de Jiménez (ITJiménez).

En un comunicado se explicó que la mandataria comentó que este nuevo espacio, dará valor agregado a los planes de estudio, pues se trata de un equipamiento especial y acorde a las necesidades de las y los estudiantes.

“Añadió que este laboratorio, aportará espacios para el desarrollo de los nuevos profesionistas en ciencia y tecnología, con una formación que les dará la capacidad de enfrentar los retos de la modernidad, al ofrecerles un programa educativo de altura”, informó el documento.

El ITJiménez, tiene una matrícula de 650 estudiantes y una plantilla de 100 trabajadores.

Campos Galván intercambió puntos de vista con docentes y directivos, de quienes recibió felicitaciones, gestiones y sugerencias.

En el recorrido acompañaron a la titular del Ejecutivo la directora del ITJiménez, Alba Jyassu Ogaz Vázquez; la subdirectora Académica, Naela García Altamirano; la subdirectora Administrativa, Fadia García Carranza; el subdirector de Planeación y Vinculación, Rafael Chávez Torres y la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Atzín Rocío Luján Ortiz.

Ciudad Juárez. – Luego de la aprobación del dictamen de la reforma a la Ley de Amparo en sus términos iniciales por parte de la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) consideró que existen argumentos suficientes para sostener su inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación.

El organismo recordó que el pasado 17 de abril cuando el Senado de la República, como cámara de origen, aprobó la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, relacionados con la figura de la suspensión, mismos que fueron aprobados en lo general también en San Lázaro.

De acuerdo a documentos del Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión del acto reclamado es aquella medida cautelar que ordena a las autoridades que mantengan paralizada o detenida su actuación, durante todo el tiempo que dura la sustanciación del juicio de garantías, hasta tanto resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos.

Alejandro Sandoval, presidente de ANADE, explicó que la reforma propone prohibir a los jueces otorgar suspensiones en beneficio de la colectividad en juicios de amparo en los cuales se reclama la inconstitucionalidad de normas generales (artículo 148).

Por otro lado, busca suprimir parte del último párrafo del artículo 129 para evitar que los órganos jurisdiccionales, excepcionalmente, concedan una suspensión en los casos previstos en dicho artículo si estiman que pudiera causar mayor afectación al interés social si se niega la medida.

Para Anade, esta reforma es contraria a derecho, entre otras razones, porque la prohibición de la suspensión con efectos generales en amparo contra normas contraviene el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales.

Además, la eliminación del último párrafo del artículo 129 restringe de manera injustificada la potestad de los jueces para ponderar entre la protección de los derechos de la parte quejosa y el interés social.

ANADE también consideró que la exposición de motivos de la iniciativa resulta incongruente, pues justifica los cambios a la Ley de Amparo en resoluciones que la SCJN ha dictado en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, procedimientos ajenos al juicio de amparo.

Los abogados de empresa consideraron que la reforma persigue una motivación política que beneficia un programa de gobierno en detrimento del derecho de la ciudadanía a defenderse ante los abusos de autoridad, que es la naturaleza del amparo.