Ciudad Juárez.- Un grupo de abogadas promovió un juicio de amparo en favor de las mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil No. 2 de Ciudad Juárez, al considerar que actualmente no se garantiza el acceso suficiente, continuo y adecuado a productos de higiene menstrual.
El recurso legal fue presentado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y la Fundación Femmex ante el Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez.
“Esta acción legal sin precedentes busca defender los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 2 de Ciudad Juárez, quienes actualmente no reciben productos de higiene menstrual suficientes, continuos ni adecuados para cuidar su salud”, señaló la organización a través de la abogada Artemisa Belmonte.
El litigio reclama la presunta omisión de las autoridades penitenciarias para garantizar el acceso gratuito, suficiente y oportuno a productos de gestión menstrual.
“La demanda solicita específicamente que se contemple la entrega de calzones menstruales a las internas como parte de su uniforme institucional, por ser una alternativa reutilizable y digna; o bien, se asegure el suministro permanente de insumos como copas menstruales, toallas o tampones”, precisó la organización.
Además de la entrega de productos, el amparo busca que se reconozca el derecho a una menstruación digna, lo que implica acceso a información, infraestructura adecuada de agua y saneamiento, así como atención médica especializada.
“El acceso a una menstruación digna no es un lujo, es un derecho. Obligar a las mujeres a depender de familiares, custodios o compras internas para acceder a estos productos abre la puerta a prácticas humillantes y discriminatorias. El Estado debe garantizar este derecho sin condiciones”, señala el argumento central del documento.
La Fundación Femmex indicó que la falta de insumos adecuados puede generar consecuencias como infecciones y afectaciones ginecológicas, dolor físico no atendido, además de impactos emocionales y condiciones de trato degradante.
Las organizaciones promoventes señalaron que el juicio busca sentar un precedente a nivel nacional para mejorar las condiciones de las mujeres privadas de la libertad y fortalecer el reconocimiento de los derechos menstruales dentro del sistema penitenciario mexicano.