Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este viernes el diseño institucional que desde 2014 otorga al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la facultad exclusiva de nombrar a los titulares de los organismos electorales en los estados, una atribución que antes recaía en los congresos locales. Durante su conferencia matutina, vinculó esa concentración de poder con contratos por más de 2 mil millones de pesos asignados entre 2015 y 2023 a empresas ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La mandataria recordó que la reforma electoral de aquel año, impulsada en el marco del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y con el respaldo del PRI, PAN y PRD, trasladó decisiones que antes se tomaban en cada entidad hacia los 11 integrantes del Consejo General del INE. En ese momento, el organismo era presidido por Lorenzo Córdova.
Sheinbaum sostuvo que esa centralización de facultades debió acompañarse de controles para evitar posibles irregularidades en las contrataciones del instituto y de los organismos públicos locales electorales. Cuestionó que Córdova admitiera conocer la existencia de un grupo reducido de proveedores del sector electoral sin que se impulsaran acciones para impedir que los contratos se concentraran en esas compañías.
De acuerdo con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, las empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos a través de los organismos electorales locales. La presidenta agregó que algunos proveedores ofrecían productos a precios dos o tres veces superiores a los de artículos similares y que varias de esas firmas operaban como intermediarias, sin fabricar directamente los materiales que vendían.
La jefa del Ejecutivo también incluyó en sus señalamientos a Edmundo Jacobo Molina, quien permaneció alrededor de 15 años al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE, y puso en duda que los antiguos responsables del organismo desconocieran las condiciones en que operaban sus proveedores.
Sheinbaum aclaró que las posibles responsabilidades no serán determinadas por el Ejecutivo federal, sino que corresponderá examinarlas a la Auditoría Superior de la Federación y, si existen elementos, a la Fiscalía General de la República. Además, pidió a los actuales integrantes del Consejo General del INE revisar sus mecanismos de contratación, establecer precios de referencia y reforzar la transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente de cara a las elecciones de 2027.
Finalmente, adelantó que a principios de la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el objetivo de ampliar la participación de instituciones y representantes académicos en su consejo de administración y transparentar los procesos de elaboración de las boletas electorales.
