Chihuahua.– El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, expresó preocupación por los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza Cázares, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El funcionario estatal calificó como “sorprendente” la solicitud del gobierno de Estados Unidos, al tratarse de un señalamiento directo que, de acuerdo con lo difundido, incluso incluiría solicitudes de detención, por lo que anticipó que el Gobierno de México deberá fijar una postura oficial.

De la Peña señaló que será necesario dar seguimiento al desarrollo del caso y evitar conclusiones anticipadas, al tiempo que advirtió sobre un posible impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En particular, destacó la relevancia de este tema para entidades fronterizas como Chihuahua, donde el dinamismo económico depende en gran medida del intercambio comercial derivado del tratado entre ambos países.

“Esperemos que esta presunta actividad relacionada con delincuencia organizada de algunos funcionarios o exfuncionarios públicos no afecte a todos los mexicanos”, expresó.

El secretario subrayó que cualquier acto ilícito cometido desde el servicio público representa, en primera instancia, un agravio a la ciudadanía mexicana, independientemente de las implicaciones internacionales que pudiera generar.

Añadió que, en caso de confirmarse las acusaciones, los procesos legales en Estados Unidos serían consecuencia directa de dichas conductas, aunque insistió en que el daño principal recae en el país. “El primer agravio es al pueblo mexicano”, puntualizó.