Ciudad de México.– La construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, continuará de manera oficial con respaldo del Gobierno Federal, pese a la oposición que desde hace años mantienen integrantes de la comunidad indígena Mayo-Yoreme y organizaciones ambientalistas que advierten posibles afectaciones ecológicas en la región.

La controversia se intensificó el pasado 18 de junio, cuando integrantes del colectivo Mayo-Yoreme “¡Aquí no!” realizaron una toma pacífica de las instalaciones del proyecto impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El grupo mantiene una resistencia legal y social desde 2015, al considerar que existen irregularidades en los permisos otorgados y que la operación del complejo podría afectar el ecosistema de la Bahía de Ohuira.

De manera paralela, organizaciones ambientalistas buscaron frenar el financiamiento internacional del proyecto y solicitaron al banco alemán KfW Ipex-Bank retirar el respaldo económico otorgado a GPO, estimado en 860 millones de dólares.

Sin embargo, la institución financiera rechazó las solicitudes al considerar que la planta cumple con la normatividad ambiental vigente en México.

Ante la presión social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado el pasado 21 de junio en el que aseguró que mantiene una supervisión permanente tanto en la etapa de construcción como en la futura operación de la planta.

La dependencia informó que el proyecto está sujeto al cumplimiento del resolutivo SRA/DGIRA/DG-05042-22, emitido el 19 de septiembre de 2022, el cual establece diversas condicionantes ambientales para la empresa.

Entre las medidas obligatorias se encuentran:

  • Restauración y conservación de 126 hectáreas de manglar.
  • Monitoreo continuo de la fauna acuática de la región.
  • Supervisión permanente de la calidad del aire, suelo y agua.

Semarnat señaló además que la Bahía de Ohuira enfrenta una "deuda ambiental histórica" derivada de descargas de aguas residuales, escurrimientos agrícolas y actividad portuaria acumulada durante décadas.

La dependencia sostuvo que, mediante acciones de vigilancia y respuesta ante contingencias, se buscará equilibrar el desarrollo industrial con la protección del medio ambiente y de las comunidades de la zona.