Ofrecen predios en El Paso para construir centro de deportación masiva

Oaxaca.- Un incendio arrasó la madrugada de este viernes un pequeño pueblo turístico del Pacífico sur mexicano, Punta Zicatela, en el estado de Oaxaca, destruyendo por completo más de 60 cabañas y locales, pero sin registrar pérdidas humanas, informó su alcalde Román Valencia.

El funcionario agregó que todavía no se sabe qué provocó el fuego, pero se presume que pudo ser un accidente por un cortocircuito o similar.

Valencia hizo estas declaraciones durante una retransmisión en vivo desde su cuenta de Facebook varias horas después de iniciado el incendio y mientras caminaba por un paisaje totalmente desolado, lleno de escombros, palmeras calcinadas, techos de lámina retorcidos y muchas cenizas que los vecinos ayudaban a limpiar mientras los equipos de rescate seguían apagando las últimas brasas.

“No quedó una sola palapa buena, se llevó todo”, indicó el alcalde. "Una pérdida total".

Punta Zicatela es un pequeño enclave de playa dependiente del municipio de Santa María Colotepec —al sur de Puerto Escondido— que vive del turismo, sobre todo mexicano, que busca unas vacaciones junto al mar pero lejos de los hoteles.

El pueblo está formado por cabañas, restaurantes y tiendas destinadas a dar servicio a los visitantes, muchas de las cuales tienen el techo de palma y madera, la estructura tradicional que mantiene a los alojamientos más frescos.

La fiscalía del estado indicó en un comunicado que, según los primeros indicios, el fuego “habría iniciado por una falla en la instalación eléctrica de un local comercial” porque no se encontraron rastros de material inflamable u otra sustancia que pudiera sugerir que fue provocada.

El gobierno de Oaxaca informó en un comunicado que envió ayuda a la zona, pero el alcalde pidió también apoyo a las Fuerzas Armadas para poder ponerse en marcha cuanto antes el lugar y que pueda regresar el turismo.

Ciudad Juárez.- Dependencias del Gobierno Municipal realizaron un operativo para retirar un establecimiento que operaba de manera irregular en un espacio público, como parte de las acciones del programa permanente de reordenamiento urbano.

El director de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el sitio funcionaba como tarimera, además de dedicarse a la venta de frutas y verduras y a la crianza de algunos animales, actividades que se realizaban sin los permisos correspondientes.

Durante la intervención se detectó la invasión del derecho de vía y la acumulación de residuos de madera y material industrial en un área superior a los 2 mil metros cuadrados, lo que generaba problemas de contaminación y riesgos para la seguridad.

El funcionario explicó que el negocio había sido notificado en tres ocasiones —en octubre de 2025 y en febrero de este año— para que regularizara su situación; sin embargo, los responsables no atendieron las indicaciones de las autoridades.

Además, se identificaron desechos provenientes de al menos seis empresas maquiladoras, por lo que en los próximos días se buscará el acercamiento con estas compañías para implementar un programa de limpieza en la zona.

El encargado del área de Inspección y Vigilancia, Francisco García, indicó que se aplicó una sanción equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por incumplir con las recomendaciones y generar contaminación con el almacenamiento del material.

Por su parte, personal de la Dirección General de Protección Civil detectó que el lugar carecía de extintores, señalización y detectores de humo, además de presentar cableado eléctrico expuesto, lo que representaba un riesgo de incendio.

Durante el operativo también participó la Coordinación General de Seguridad Vial, cuyos elementos retiraron un vehículo abandonado que fue trasladado al corralón. En las acciones colaboraron igualmente la Dirección de Regulación Comercial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Paso.- La Diócesis Católica de El Paso presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, argumentando una creciente presión financiera derivada de litigios por presuntos abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el director financiero Gregory J. Watters, la medida busca permitir la reorganización de las finanzas de la diócesis mientras continúan operando sus programas religiosos, educativos y de asistencia social.

Actualmente la institución enfrenta 18 demandas agrupadas en 12 procesos judiciales en Nuevo México, relacionados con denuncias de abuso sexual infantil presuntamente ocurridos entre 1956 y 1982. Las autoridades eclesiásticas advirtieron que los costos legales y posibles acuerdos podrían ascender a decenas de millones de dólares.

Funcionarios de la Iglesia señalaron que el proceso de bancarrota permitirá establecer un mecanismo ordenado para atender las reclamaciones de las víctimas, evitando que solo los primeros demandantes reciban compensación mientras otros queden sin acceso a recursos.

Como parte del proceso, la diócesis propondrá un plazo de 120 días para que posibles víctimas presenten reclamaciones relacionadas con abusos cometidos por sacerdotes, empleados o voluntarios.

El obispo de la diócesis, Mark J. Seitz, ofreció disculpas públicas a los sobrevivientes y afirmó que la Iglesia busca avanzar hacia un proceso de reconciliación y garantizar entornos seguros para las comunidades católicas.

Según los registros financieros, para el año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2025 la diócesis reportó gastos por 15.36 millones de dólares frente a ingresos por 14.96 millones, lo que generó un déficit cercano a 401 mil dólares.

La institución religiosa también solicitó autorización judicial para continuar pagando salarios, seguros, servicios básicos y otros gastos esenciales durante el proceso de reorganización, con el fin de evitar afectaciones en sus actividades pastorales y programas comunitarios en la región fronteriza.