No sé a qué cenizas le lloré; inicia calvario de familias por crematorio

Ciudad Juárez.– Como si su padre hubiera muerto nuevamente tras vivir el duelo de su velación, cremación y entrega de la urna con cenizas, Raúl Rentería llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE) con un folder blanco con el logotipo de la funeraria Luz Divina y el rostro desencajado, a punto de quebrar en llanto.

El motivo de su indeseada visita fue el temor de que su padre estuviera entre los cuerpos del crematorio Plenitud, ya que su funeraria es una de las cinco mencionadas por las autoridades investigadoras que utilizaban los servicios de esta empresa, operada por dos sujetos; el dueño, José Luis A. C. y el trabajador, Facundo M. R., ambos con prisión preventiva por la posible comisión de delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, en perjuicio de la Ley Estatal de Salud de Chihuahua.

La información sobre el manejo antiético del crematorio y la revelación por parte de la FGE de las funerarias vinculadas llevaron a Raúl a acudir a una entrevista con el fiscal César Jáuregui el martes 1 de julio para entregar datos y fotografías de su padre, Everardo Rentería, fallecido en 2020, una de las miles de víctimas de la pandemia de covid-19.

“En la papelería aparece ese crematorio Plenitud, donde encontraron los cuerpos. Ahora no sé a qué caja le lloré, a qué cenizas. Mi padre se llamaba Everardo Rentería y falleció en 2020”, explicó Raúl con voz entrecortada.

Rentería relató que su padre murió en el hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social y que trabajadores de la funeraria lo contactaron para ofrecerle el servicio, contratado por 16 mil pesos, sin velación ni despedida, solo con la entrega de una urna sellada con las cenizas.

“Me quedé con la duda porque primero me dijeron que era la cremación del San Rafael, pero ahora, al ver los documentos, aparece el nombre de Plenitud. Siento tristeza por mis hermanos porque no sabemos a quién le lloramos, si mi papá está ahí o no. Hay mucha gente sufriendo por lo mismo”, expresó Raúl, invadido por momentos por el llanto.

La FGE ha trabajado desde la noche del jueves 26 de junio en la investigación y procesamiento de lo que el fiscal César Jáuregui describió como una “dantesca escena”, donde se hallaron 383 cuerpos que debían haber sido cremados y dispuestos, pero que estaban apilados en diversas áreas del crematorio, incluyendo oficinas, recepción y un dormitorio.

En los primeros momentos tras el reporte, que indicaba la posible presencia de un cadáver en un vehículo, fuentes de Netnoticias informaron que había entre 60 y 120 cuerpos, inicialmente considerados una fosa clandestina debido a las condiciones climáticas que dificultaron la investigación.

El sábado por la mañana se determinó que el vehículo era una carroza con dos cuerpos en descomposición. El crematorio, clausurado en 2020 por la Dirección de Protección Civil Municipal por olores fétidos y desechos biológicos, albergaba cuerpos en condiciones de total falta de respeto a la dignidad humana, afectando a los fallecidos y sus familias, quienes pagaron entre 14 mil y 18 mil pesos por servicios funerarios.

El fraude y atentado contra la dignidad post mortem

Durante la audiencia de imputación de cargos contra el propietario y el trabajador, ambos recibieron prisión preventiva hasta el 4 de julio, fecha en que se decidirá su vinculación a proceso.

El fiscal César Jáuregui señaló el fraude, ya que las familias que contrataron servicios con las funerarias Luz Divina, Capillas Latinoamericana, Amor Eterno, Protecto Deco y Carmen, que subrogaban servicios no formales al crematorio, fueron engañadas.

“Si una familia logra la identificación de su ser querido, haremos lo que ellos decidan; completar la incineración o sepultarlos”, aseguró Jáuregui.

La comisión de delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, previstos en los artículos 348 de la Ley General de Salud y 225 de la Ley Estatal de Salud de Chihuahua, puede acarrear penas de hasta 17 años de prisión, sin contar cargos adicionales por fraude.

¿Cuáles eran las condiciones reales de los cuerpos?

En la audiencia, el Ministerio Público reveló que en el crematorio, ubicado en el cruce de las calles Tapachula y Colima, en la colonia Granjas Polo Gamboa, se encontró una carroza abandonada con un cuerpo y documentos funerarios.

En el interior, varias habitaciones albergaban cuerpos hacinados, apilados sin orden, algunos con ropa, otros parcial o totalmente desnudos, junto con partes humanas, bolsas de cadáveres, guantes y documentación.

Había fauna nociva, como ratas y ratones, en un entorno sin energía eléctrica ni agua, con cámaras de refrigeración y el horno crematorio inoperantes.

El crematorio vulneró la dignidad humana de al menos 383 cuerpos (149 mujeres, 318 hombres, 16 sin sexo determinado, incluidos dos neonatos y dos menores), un valor fundamental de la Constitución que no se pierde tras el fallecimiento.

Revictimización, incertidumbre y urnas con cenizas falsas

Las preguntas sobre qué contienen las urnas recibidas por las familias, arrojadas al aire como una moneda en caída interminable, podrían tardar meses en responderse, causando incertidumbre y revictimización.

“¿Qué nos entregaron? Imagínese el trauma de pensar qué nos dieron. Nos entregaron cenizas, pero se nos vienen mil ideas: si los tienen ahí, si los apilaron. Ellos están acostumbrados a tratar con muertos, pero nosotros no. Esto es devastador”, narró Gloria Criollo antes de ser atendida en la FGE.

Pese a las declaraciones de Jáuregui de evitar la revictimización, el mal manejo de casi 400 cuerpos ha afectado a cientos de familias que contrataron servicios con las funerarias mencionadas, especialmente tras revelarse que algunos cuerpos, posiblemente embalados desde 2020 por la pandemia de covid-19, estaban almacenados.

“Mis padres están entre esos cuerpos. Nos pidieron el acta de nacimiento, la hoja de cremación y fotos donde aparezcan sonriendo para identificarlos por los dientes”, explicó Gloria Criollo tras ser rechazada en la FGE por no llevar todos los documentos, habiendo contratado con Latinoamericana.

Los procesos de identificación, según Javier Sánchez, director de Servicios Periciales de la FGE, usarán métodos forenses como odontogramas, tatuajes y si es necesario, ADN, lo que podría tomar meses o años debido al deterioro de los tejidos por embalsamamiento.

“Trabajaremos en la individualización de cada cuerpo con fotografías, tatuajes, cicatrices, odontogramas y muestras de hueso. Si se requiere un perfil genético, lo intentaremos, pero los químicos en los tejidos dificultan la obtención de ADN”, explicó Sánchez.

Destacó que la FGE usará técnicas avanzadas, como la rehidratación de cuerpos para obtener huellas dactilares, comparándolas con la base de datos del Instituto Nacional Electoral.

Entre tristeza y enojo, Gloria Criollo exigió justicia: “Existen leyes para que esto no vuelva a pasar. Que haya seguimiento y justicia, porque esto es increíble”, puntualizó.

El trabajo de la FGE enfrenta un periodo crítico con casi 400 familias clamando justicia y los restos de 383 personas en tráileres refrigerados.

Con información de Claudia Sánchez | Carolina Hinojos | Netnoticias.