Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por irregularidades en el tratamiento de los datos personales de los aficionados registrados en el sistema FAN ID.

De acuerdo con la resolución, la FMF no informó adecuadamente a los usuarios que sus datos biométricos eran considerados datos personales sensibles.

"No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles", señala la resolución.

La autoridad también determinó que la Federación no obtuvo el consentimiento expreso que exige la ley para el tratamiento de este tipo de información.

"La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento", detalla el documento.

Detectan incumplimientos en el manejo de datos

La dependencia concluyó que la FMF incumplió los principios de responsabilidad y licitud al no implementar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento adecuado de los datos biométricos de los aficionados.

"No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles", establece el fallo.

La sanción fue calculada con base en la gravedad de las infracciones, el carácter sensible de la información recopilada y la capacidad económica de la Federación, tomando como referencia su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

FMF aún puede impugnar la sanción

La Federación Mexicana de Futbol aún puede recurrir la resolución mediante los mecanismos legales previstos. En caso de hacerlo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que defenderá la legalidad de la sanción al considerar que fue emitida conforme a la legislación vigente y en protección de los derechos de los ciudadanos.

La dependencia señaló que esta resolución busca reforzar la protección de los datos personales y garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones que recopilan información sensible.