Mujeres, prisioneras del sistema

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“Brenda fue sentenciada por el homicidio de quien era su esposo. Cuenta que vivió mucha violencia por parte de él. Un día intentó asesinarla, pero ella se defendió con un objeto que tenía a la mano, golpeó a su esposo y murió casi al instante. Fue detenida cuando pidió ayuda. Señala que ya había hecho denuncias de violencia ante las autoridades municipales, sin embargo, no recibió el apoyo apropiado. Cuando fue detenida se declaró culpable”[1]. Esta es la voz de una, pero a la vez, de muchas mujeres encarceladas en Chihuahua.

El estado se posiciona como la quinta entidad con la tasa más alta de mujeres recluidas en centros penitenciarios, con 28.3 por cada 100 mil mujeres, el promedio nacional es de 18.9[2]. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recopiló información sobre las condiciones de las internas en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) femeniles 1 (Aquiles Serdán) y 2 (en Ciudad Juárez) en el Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres en Centros Penitenciarios del Estado de Chihuahua 2023.

En este documento se destacan las deficiencias de los dos Ceresos femeniles del estado, en donde la mayoría son mujeres menores de 40 años recluidas en la frontera, y el 80 por ciento ha sufrido violencia antes de ingresar. La pobreza y la desigualdad estructurales que experimentan son parte de los factores analizados en esta observación que muestra la realidad de las internas en Chihuahua, las prisioneras de un sistema inequitativo y punitivo.

Reclusas en contexto

Dentro del panorama global, la reclusión de mujeres ha tenido un aumento del 60 por ciento desde el año 2000, de acuerdo con la lista Mundial de Mujeres Encarceladas (World Female Imprisonment List) (2022) citada en el Diagnóstico Penitenciario de la CEDH.

Dicho documento expone que había más de 740 mil mujeres encarceladas, además resalta que “las políticas contra el tráfico de drogas son lo que propicia su detención por delitos menores, pero con afectaciones desproporcionadas para ellas”.

Más del 94 por ciento de las personas encarceladas en el país, que esperan o cumplen una sentencia, son hombres, el resto son mujeres. México ocupa el décimo lugar de mujeres en reclusión. Y en el contexto nacional, Chihuahua ocupa el sexto lugar de población de mujeres presas[3].

Para tener una observación más precisa en materia de Derechos Humanos, el equipo de la Comisión recorrió el interior del Cereso femenil 1, correspondiente a la ciudad de Chihuahua, y el 2 en Juárez. Durante la recopilación de información (julio de 2023) se registraron 474 mujeres privadas de la libertad, de las cuales el 62 por ciento estaban en la frontera.

Víctimas de violencia en el entorno familiar

“Trabajamos en la elaboración de dos diagnósticos por primera vez, además del de los centros penitenciarios del estado, hicimos por separado un diagnóstico de los dos Ceresos femeniles que hay en nuestro estado para dar un enfoque con perspectiva de género. Hay resultados muy reveladores, creo que no hay muchos precedentes a nivel nacional”, compartió a Revista Net el presidente la CEDH Néstor Manuel Armendáriz Loya.

“Fue un trabajo muy arduo que implicaba entrevistas a las personas que se encuentran privadas de la libertad, entrevistas al personal directivo, encuestas desde el anonimato para resguardar la identidad de las personas, para abordar algunos aspectos y darles esa tranquilidad”.

El ombudsman dijo que más allá de la obligación legal que tiene la Comisión, estipulada en el artículo 6, de la fracción 10, del mismo organismo, se pretende incidir, “no queremos solo reflejar lo que está pasando, sino que de ahí deriven, en las áreas de oportunidad que se detecten, algunas propuestas de mejoras”.

“No queremos solo reflejar lo que está pasando, sino que de ahí deriven, en las áreas de oportunidad que se detecten, algunas propuestas de mejoras”

Néstor Armendáriz Loya, presidente de la CEDH

“En cuanto a los Ceresos varoniles, vemos que lamentablemente siguen siendo un factor de riesgo que puede incidir, no solo al interior de los Ceresos, sino al exterior. Se han presentado dos eventos fuertes en los cuales hemos tenido participación, el de agosto de 2022, como el del día primero de 2023. Vemos que se debe atender eso, es un sector de la sociedad que no está aislado, no pierde contacto, y si bien es cierto que hay personas que no tienen un interés en un proceso de reinserción social, la gran mayoría lo tiene, no hay que prejuzgar uno y luego valorar en la misma medida a todas las personas”.

En cuanto al diagnóstico femenil, “ahí es otra situación más compleja, no solo por el origen, porque hemos detectado que un número considerable, que se encuentran privadas de su libertad, son víctimas de algún tipo de violencia en su entorno familiar y no se pretende exculparlas con ello de la responsabilidad que puedan tener en los ilícitos que hayan cometido, incluso, algunos casos particulares que revistan cierto o alto grado de peligrosidad, pero en su gran mayoría se han visto forzadas, algunas de ellas, a involucrarse en los hechos delictivos como represalia o como reacción de los actos de violencia en su entorno familiar, o verse forzadas a delinquir hacia el exterior, es decir, a involucrarse en actividades delictivas por la incidencia o la insistencia de su pareja”.

Por otra parte, el daño en el tejido social, es mayor cuando se trata de mujeres reclusas. “Se causa una afectación mucho mayor a todo el entorno. Abordamos ahí un tema que es la economía del cuidado, es decir, muchas de ellas eran cuidadoras, eran el sustento {…} y ¿qué pasa con sus hijas e hijos? Algunos casos, que son los menos, hasta viven ahí, porque hasta los cuatro años se permite que vivan con ellas en los Ceresos, pero ¿dónde se quedan los niños o adolescentes, sus hijos? Se quedan bajo otros cuidados expuestos a muchos riesgos. Estadísticas y estudios indican que son muy proclives a poder verse involucrados en algún hecho o conflicto con la ley, entonces sí se debe de dar otro enfoque diferente para tratar de romper con este círculo por la afectación que tiene”.

El Diagnóstico expone que el 80 por ciento de las encuestadas reconoció haber experimentado algún tipo de violencia durante su vida, previa al arresto.

Voces cautivas

El informe destaca que 71 por ciento de las mujeres en Chihuahua ha experimentado algún tipo de violencia en su vida y el 36.5 por ciento la ha vivenciado por parte de una pareja. Asimismo, algunas de ellas han sido objeto de represalias por parte de sus compañeros o excompañeros sentimentales.

Estos son algunos de los testimonios recabados en el interior de los penales durante el recorrido del personal de la Comisión:

“Amalia es una mujer que enfrenta cargos de extorsión. Narra que a partir de su divorcio había sido constantemente acosada, chantajeada y amenazada por su exmarido para que le cediera la custodia de sus hijos; sin embargo, luego de negarse rotundamente, una persona muy cercana a su exesposo fue quien la denunció”.

“Luly es una mujer acusada de delitos contra la salud, tras ser detenida junto con su pareja en posesión de droga. Al momento de cometer el delito se dedicaba a la economía informal y era consumidora de cristal. En una relación anterior sufrió violencia de parte de su pareja, además de haber vivido abuso sexual en su entorno familiar, cuando era niña”.

“Marisol tenía 11 años de edad cuando fue abusada sexualmente y, a consecuencia de ello, comenzó a consumir alcohol. Desde los 18 años experimenta problemas de salud debido al uso de drogas inyectables. Fue diagnosticada con depresión y bipolaridad y aunque fue medicada, actualmente no se encuentra en terapia y tampoco se realiza un seguimiento al interior del centro. Compartió que no ha consumido ningún tipo de droga desde su ingreso y aunque expresa orgullo, siente temor de recaer de nuevo en la adicción una vez cumplida su condena”.

“Azucena se hizo dependiente del ʻcristal’ durante su última relación de pareja, sin embargo, fue a los 15 años de edad cuando por primera vez probó la cocaína. A esa edad, también se casó con un hombre de 45 años, padre de sus dos primeros hijos. Fue sentenciada por hechos que tuvieron lugar con quien era su pareja en ese momento. Cuando fue aprehendida, llevaba 15 días fumando cristal, sin comer ni dormir. No ha ingerido ninguna droga desde que está en reclusión, pero señala que tiene problemas menstruales, un ovario crecido, quistes y que en el centro le proporcionan medicamentos controlados para poder dormir”.

“Dolores fue sentenciada por el delito de homicidio calificado en perjuicio de su esposo, con quien duró 7 años consumiendo cristal. Él la golpeaba e insultaba, motivo por el cual deseaba dejarlo, pero la amenazaba de muerte si lo hacía: ʻAquel día, él llegó de trabajar y de la nada se me fue a golpes, todo se salió de control y fue cuando falleció’. Refiere que, a pesar de ser una droga altamente adictiva, sin ningún tipo de programa de apoyo logró dejar su consumo tras ingresar al centro”.

“Marisol fue víctima de abuso sexual por un hermano de su madre. Al recordar su vida, señala que fue en esa etapa cuando abandonó la creencia de Dios y comenzó a ingerir alcohol desde los 11 años de edad. Era su forma de escape”.

“Ana fue abandonada por su madre durante su infancia, por lo que quedó bajo el cuidado de su abuelo. Él abusaba sexualmente de ella, aunque fue hasta su edad adulta cuando comprendió que se trataba de un delito”.

“Eloísa relató que de los 8 a los 13 años de edad fue abusada sexualmente por un tío que cuidaba de ella y de su hermana, mientras su mamá salía a trabajar”.

“Lilia tuvo su primer embarazo a los 13 años de edad, su pareja era un hombre con el doble de edad. A la fecha sigue relacionándose con hombres violentos y mucho más grandes que ella”.

“Iris fue sentenciada a 20 años de prisión por el homicidio de su entonces esposo. Aceptó que sí lo hizo y se declaró culpable, aunque narra cómo en más de una ocasión vivió violencia durante su matrimonio; había antecedentes en la comandancia del pueblo”.

“Estela es una mujer indígena. Dice no comprender bien cómo fue procesada y no sabe cuándo podrá salir porque ya no la visita ninguna persona defensora”.

“Mataron a mi hija y me querían matar a mí también. Por las personas que siempre me mandaban a golpear estoy aquí”.

“Sol fue sentenciada a 20 años por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Para ella el verdadero responsable del delito es su expareja, quien la golpeó hasta dejarla inconsciente y suministró ʻalgo’ a dos de sus hijos para dejarlos también inconscientes. Después, él abrió las llaves del gas para simular un suicidio y la culpó de todo”.

“Vanessa relata cómo durante el último esculque —refiriéndose a un cateo realizado en el centro penitenciario—, un guardia la revisó normalmente, pero después insistía en volver a hacerlo: «Era con pretexto de tocarme, nos dicen, ʻ¡jota, hazte para allá!’, y nos manosean»”.

“Alejandra es una mujer trans que solía generar ingresos como trabajadora sexual. Hace casi dos años fue detenida por el delito de extorsión y se encuentra en espera para saber si será sentenciada o absuelta. Cuenta que fue denunciada por un cliente después de que éste se negara a pagarle. Ella lo había visto en varias ocasiones y amenazó con decirle a su esposa si no cubría la deuda”.

Adictas y narcomenudistas por inercia

De acuerdo con estudios de la ONU, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), las mujeres “son fácilmente reemplazadas, debido a que cumplen funciones menores en las redes criminales”. Sin embargo, las sentencias son severas y no ponderan los factores de origen antes del hecho delictivo. En América Latina el 46 por ciento de las mujeres reclusas están involucradas en casos de drogas[4].

El Diagnóstico en Chihuahua señala que 98 reas están por el delito de homicidio y 94 por delitos contra la salud. El estado se coloca entre los de mayor incidencia de delitos de drogas en los penales femeniles del país.

Ninguno de los Ceresos en el estado cuenta con programas de rehabilitación por adicciones, tampoco tienen programas integrales preventivos ni atención adecuada. Esta deficiencia se extiende a nivel nacional.

De las reclusas entrevistadas, el 73 por ciento declaró que tenía algún tipo de adicción antes de ingresar al penal, 26 por ciento por drogas ilícitas.

Aunque el consumo de drogas es mayor en los hombres, para las mujeres el riesgo en la salud es más severo, si se toman en cuenta las etapas de embarazo, postparto y lactancia.

“Estaba rodeada de personas peligrosas. La mayoría de las personas de mi entorno consumían drogas”, interna.

Pobreza y discriminación

“Carolina fue sentenciada a 20 años de prisión y, aunque ha cumplido la mitad de su pena, dice estar preocupada. Asegura que no puede solventar el pago para la reparación del daño, que asciende a $400 mil pesos. El hecho de salir en libertad, depende de su capacidad para sufragar dicha cantidad”.

Las mujeres en reclusión no tienen las mismas posibilidades de generar ingresos o realizar estudios dentro de la prisión, como sucede en los penales masculinos. Un caso como el de Carolina refleja la “perpetuación de la desigualdad de género”, ya que las actividades remuneradas en los Cereso femeniles están limitadas por estereotipos y tienen menores opciones de estudios y actividades.

Varias reclusas aseguraron no tener recursos económicos para tener una defensa legal, tampoco para cubrir la reparación del daño, como es el caso de Carolina.

El informe expone: “Algunas mujeres, aunque presuntamente inocentes, aceptaron, por consejo o decisión propia, declararse culpables y seguir un procedimiento abreviado. Tenían una mayor probabilidad de obtener una resolución ‘favorable’, es decir, una sentencia mínima en comparación con la que podrían obtener en un juicio oral”.

Los factores de vulnerabilidad del Diagnóstico abarcan: ser madres; tener hijas o hijos menores de 4 años; estar embarazadas; tener 60 años o más; pertenecer a una población indígena; tener alguna discapacidad; ser personas LGBT+; padecer adicciones; sufrir enfermedades contagiosas o crónicas; cumplir sentencias por delitos relacionados con la prostitución o la trata de personas; entre otras.

La escolaridad predominante son estudios de secundaria, el 65 por ciento solo tenían educación básica.

Sin embargo, entre los factores estructurales predominantes, se destaca la pobreza. La Comisión resalta que la falta de acceso a la alimentación, a la vivienda, educación y atención médica, “aleja aún más la posibilidad de alcanzar la justicia”.

La pobreza no solo afecta de origen a las mujeres, también durante su reclusión y posterior intento de reinserción, los antecedentes penales a veces limitan su vida laboral. “Por lo tanto, esta vulnerabilidad se manifiesta como causa y efecto de la reclusión”.

Madres y proveedoras

El 90 por ciento de las mujeres abordadas para el Diagnóstico, en los dos centros penales, son madres de familia. Incluso Se detectó que la guarda y custodia de sus hijas o hijos fue otorgada a personas que implican una situación de peligro.

Tal es el caso de “Hilda”, quien “relata haber sufrido violencia cuando los elementos de la policía la detuvieron. Su expareja, quien ella asegura es adicto a las drogas, obtuvo la custodia de sus hijos y no le ha permitido verlos, por lo cual teme por su seguridad”.

En casos de mujeres indígenas esto es también frecuente. “Liz es una mujer indígena y se casó cuando apenas había cumplido los 13 años de edad. Es madre de un hijo y dos hijas a quienes no ha visto desde su ingreso debido a que residen en la Sierra Tarahumara, por lo que no tienen ningún tipo de contacto”. En un caso como el de Liz, destaca que las mujeres de pueblos originales sumidas en la pobreza y sujetas a reclusión, experimentan una vulnerabilidad mayor, “en la que cada aspecto de su identidad contribuye a una marginación compuesta”.

El estudio, además enfatiza: “Es imperativo que el Estado, en concordancia con los principios de una visión analítica de género e interés superior de la niñez, determine con atención y criterio la situación jurídica de las y los infantes y adolescentes cuya madre se encuentre privada de su libertad. El parentesco biológico no es suficiente para otorgar la custodia, sino que debe examinarse de manera rigurosa el lugar y la persona con quien permanecen”.

De las 474 mujeres reclusas abordadas para este informe, 182 estaban en una situación de vulnerabilidad, esto representa el 40 por ciento. A esto se suma que había 17 niñas y niños viviendo con sus madres en prisión.

Ceresos femeniles reprobados

El penal femenil 2, en Juárez, es el de mayor población, pero se encuentra sobrepoblado en un 106 por ciento. Las instalaciones tienen una serie de deficiencias estructurales que provocan el hacinamiento, se tiene un déficit de personal, se ha constatado la presencia de drogas al interior, falta de atención médica adecuada, falta de un reglamento interno, entre otra larga lista de aspectos que están incluidos en las conclusiones y propuestas del Diagnóstico.

La mejora de infraestructura e incremento del personal son parte integral de las áreas de oportunidad, que cabe destacar de este informe.

En la evaluación general del Cereso en Ciudad Juárez, el más importante del estado, la calificación fue reprobatoria, en promedio 5.2. Los elementos evaluados fueron: Condiciones de Gobernabilidad, 4.2; Integridad Personal, 5.0; Estancia Digna, 5.8; Reinserción Social 6.7 y Atención a Grupos Vulnerables 4.5.

El Cereso 1 presenta un 79 por ciento de ocupación, la calificación promedio obtenida fue de 5.9. La calificación más baja fue en Atención a Grupos Vulnerables con 4.6 y la más alta fue 7.5 en Integridad Personal que incluye: tasa de ocupación, hacinamiento, supervisión, prevención de incidentes violentos, situaciones de tortura y servicios de salud para las internas.

El anhelo a la libertad y el proceso

“Yo me veo en el exterior con hijos, mis nietos, hermanos, mi trabajo, mi casa, lejos de Ciudad Juárez”, interna.

Las madres reclusas debilitan sus vínculos familiares y exponen a su hijas e hijos a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono, esto los puede inclinar a delinquir o en actividades criminales, principalmente el narcotráfico.

El 49 por ciento de las encuestadas no había recibido una sentencia. Los delitos por los que se encuentran procesadas o sentenciadas, son: 24 por ciento por delitos contra la salud; 19 por ciento por portación de armas y un 18 por ciento homicidio.

En el Cereso 1, solo el 28 por ciento de las mujeres tiene empleo, los salarios están por debajo del mínimo. En el Cereso 2, un 36.7 por ciento.

Muchas de estas mujeres dependerán de su trabajo e ingresos para volver a convivir de manera sana con sus familias, de no ser así, podrían ser blanco fácil para los entornos delictivos en los que se desarrollaron, este Diagnóstico visibiliza a esas mujeres que siguen encarceladas por un sistema penal “inquisitorio” que sigue apático al entorno e injusticia que siguen experimentando muchas mujeres víctimas de violencia y pobreza estructural.

El sueño de alguna es: “Miro la vida al lado de mis hijas, llevándolas a la escuela, ayudándoles con su tarea y trabajando para sustentar mi casa”.

Pero la realidad que le espera aún sigue siendo incierta en un sistema que la mantiene presa de la inequidad.

[1] Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres en Centros Penitenciarios del Estado de Chihuahua 2023. CEDH (2024).

[2] Información del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales, INEGI 2022, actualizado a marzo 2023.

[3] Ibidem.

[4] Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC)