Le roban el camión por ir al baño y casi lo vuelcan

Ciudad Juárez.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que 200 elementos adicionales se sumarán al despliegue operativo en Ciudad Juárez con motivo del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, a partir de este próximo miércoles. En total serán 500 agentes distribuidos en todo el estado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena, la Fiscalía del Estado, la FGR y las policías municipales, con el objetivo de reforzar la vigilancia en centros comerciales, zonas bancarias y puntos de alta afluencia.

Loya explicó que el operativo también se apoyará en la Plataforma Centinela, con cerca de 10 mil cámaras, drones y arcos carreteros que permiten el monitoreo en tiempo real. Además, trabajarán de manera conjunta con empresas de seguridad privada para fortalecer la prevención en establecimientos y áreas comerciales.

El funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a evitar portar grandes cantidades de efectivo, revisar que los vehículos queden bien cerrados al realizar compras y no dejar objetos visibles dentro. También recomendó verificar la seguridad de las páginas antes de hacer compras en línea, pues durante esta temporada suelen incrementarse los fraudes y delitos cibernéticos.

Finalmente, recordó que cualquier incidente o situación sospechosa puede reportarse al 911, y que las corporaciones estatales y federales permanecerán en coordinación permanente durante todo el operativo, el cual se extenderá hasta el cierre del programa Guadalupe–Reyes.

Ciudad de México.- Tres décadas después del asesinato a balazos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en un mitin electoral en 1994, uno de los crímenes que más ha conmocionado a México, la fiscalía federal detuvo el sábado a otro presunto involucrado en el magnicidio, que sigue sin estar totalmente esclarecido pese a que el asesino confeso lleva más de 30 años en la cárcel, informaron autoridades.

Un funcionario federal que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó el lunes a The Associated Press que Jorge Antonio "N" fue arrestado en Tijuana en relación con el asesinato de Colosio, aunque no precisó qué cargos se le imputan. El detenido se encuentra en la actualidad a disposición de un juez en una cárcel de máxima seguridad del centro de México, agregó el funcionario.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura tuvo lugar el sábado.

Colosio, candidato presidencial en 1994 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió dos disparos en medio de un mitin en la ciudad de Tijuana, en el norte de México. Desde 2024, la fiscalía federal buscaba procesar a un agente de inteligencia asignado como guardaespaldas y solo identificado como Jorge Antonio “S” como presunto actor material del segundo disparo.

El lunes, la fiscalía no se había pronunciado oficialmente sobre la detención de Sánchez Ortega.

Mario Aburto se declaró como el único autor material del homicidio y cumple una condena de 45 años de prisión desde 1994, aunque denunció haber sido torturado.

A raíz de esas quejas, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la fiscalía federal reabrir la investigación.

El homicidio desencadenó una fuerte crisis política en México y siempre estuvo rodeado de polémica por la posibilidad de que fuera alentado desde ciertas esferas del poder, en medio de las luchas internas que tenían lugar en el gobernante PRI para elegir al sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

En un comunicado de enero de 2024, la fiscalía dijo que había evidencias de que el agente asignado a la seguridad de Colosio estuvo en el lugar, tenía la ropa manchada de sangre de la víctima, las pruebas balísticas señalaban que disparó un arma —hubo una diferencia de segundos entre los dos disparos— y varios testigos dijeron que huyó tras los tiros y no ayudó a trasladar al candidato.

En ese mismo comunicado, esa dependencia consideró confirmado que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que dependía en 1994 de la Secretaría de Gobernación, mandó al agente al lugar de los hechos “para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, con lo que consideró que su liberación en el momento de los hechos fue “un evidente encubrimiento delictivo”.

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado a los legisladores para que se reforme la ley a fin de que se permita dotar de herramientas a las autoridades para poder actuar con detenciones en casos como el ocurrido fin de semana cuando un hombre en severo grado de intoxicación privó de la vida a un pastor.

En su conferencia de prensa el mandatario fue cuestionado acerca de los protocolos de las autoridades municipales, específicamente la secretaria de Seguridad Pública municipal para remitir a personas con adicciones a centros de rehabilitación, al respecto el mandatario dijo:

“Más que los protocolos es la ley, tenemos que ajustarnos a la ley, si la ley nos permite consignarlo lo consignamos, sino nos permite consignarlo no podemos hacerlo, es algo que deben de revisar los legisladores para darle herramientas a la autoridad, es decir al final de cuentas las leyes son las que se tienen que regular”, dijo el edil.

Agregó que en casos como el ocurrido el fin de semana la autoridad no puede consignar al individuo porque no hay delito que perseguir, por ello gracias una coordinación que se tiene con los centros de ayuda en adicciones se traslada a los consumidores a estos espacios.

“ Si la persona es adicta y no esta en posesión de droga que permita su consignación se le debe de remitir al centro de rehabilitación”, añadió.