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Ciudad Juárez.- Luego de que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, expresara su interés de contender en las próximas elecciones, el Gobierno del Estado llama a los funcionarios a enfocarse en sus encomiendas mientras continúen en el cargo.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez, comentó que son muy respetuosos de los intereses políticos de cada quien; sin embargo, en la actualidad aún no hay reglas y faltan varios meses para el proceso electoral, y aunque es legítima la intención de aspirar a algún cargo político, invitó a los funcionarios a seguir atendiendo sus labores en el gobierno estatal.

“Hasta ahorita yo no he escuchado, ni siquiera de Gilberto, el interés de participar, pero bueno, es lo que los medios citan, y nosotros somos responsables de eso; pero hasta ahorita formalmente nadie, ningún servidor público, nos ha dado una muestra o interés de participar en alguno de los procesos”, declaró Ortiz Villegas.

En cuanto a su interés de participar en el proceso electoral, dijo que aún falta tiempo para buscar un espacio y tendría que valorarlo, pues consideró que aún es prematuro.

Por otro lado, en el caso de presentarse algunas renuncias, dijo que las estructuras de gobierno son muy sólidas y las dependencias no dependen de una sola persona, por lo que seguirán funcionando sin mayor contratiempo.

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de establecer un marco nacional en el combate a este delito.

En el anuncio participó la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien explicó los alcances de la propuesta. La mandataria destacó que este modelo retoma la experiencia implementada previamente en la Ciudad de México, donde, aseguró, contribuyó a reducir la impunidad en casos de feminicidio.

De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa contempla modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a legislar en la materia a nivel nacional. La propuesta busca homologar el tipo penal, definir sanciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Godoy Ramos subrayó que el enfoque de la ley considera el feminicidio no solo como un delito, sino como una violación grave a los derechos humanos, lo que implica una obligación reforzada del Estado para investigar con debida diligencia. Además, se pretende garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia mediante acciones integrales de prevención, investigación y sanción.

Entre los elementos incluidos en la iniciativa se encuentran nueve razones de género para tipificar el feminicidio, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder, incomunicación de la víctima o condiciones de indefensión. También se establecen penas que van de 40 a 70 años de prisión, sanciones para la tentativa y un catálogo de 21 agravantes.

En materia de investigación, se plantea que toda muerte violenta de una mujer sea indagada desde el inicio bajo el protocolo de feminicidio, además de establecer mecanismos de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres impulsará la creación de una comisión especial para acompañar la implementación de la ley. Así lo informó Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, quien explicó que este órgano también se encargará de la capacitación, articulación institucional y campañas permanentes contra la violencia feminicida.

Asimismo, se prevé la integración y actualización de registros nacionales de feminicidios, así como la creación de un padrón de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de estos delitos, en coordinación con el DIF y otras instancias de protección.

Finalmente, la propuesta contempla el fortalecimiento de protocolos de atención y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la restitución de derechos de víctimas indirectas, particularmente menores de edad afectados por el feminicidio de sus madres.

Chihuahua.- El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que el Gobierno del Estado prepara la ampliación de los apoyos para personas con discapacidad, luego de iniciar un programa conjunto con el municipio de Chihuahua que, aseguró, podría convertirse en un referente nacional.

El funcionario explicó que la convocatoria arrancó primero en la capital debido a la coordinación existente con el Gobierno Municipal, el cual ya cuenta con un esquema sólido de atención a este sector. “Estamos alcanzando un programa histórico en el cual no existe otro municipio del país donde, en unión, gobierno municipal y estatal estén dando un apoyo tan fuerte”, señaló.

Adelantó que en las próximas semanas se lanzará la convocatoria para el resto del estado, acompañada de un anuncio de inversión que calificó como “histórica”, tanto por los montos como por el número de beneficiarios que se prevé alcanzar.

Loera indicó que el diseño del programa se basa en recomendaciones del Consejo de la Discapacidad y en criterios de progresividad de derechos humanos, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

En torno al debate sobre la universalidad de los apoyos, sostuvo que, si bien se trata de un derecho reconocido, su aplicación debe considerar criterios de proporcionalidad. “Debe haber un monto base, que en nuestro caso es de 4 mil pesos, y a partir de ahí atender el grado de vulnerabilidad de cada persona”, explicó.

El secretario consideró que otorgar la misma cantidad a todos los beneficiarios, sin distinguir condiciones socioeconómicas, no responde a un principio de justicia social. “No es lo mismo una persona que vive en condiciones de alta vulnerabilidad que otra con mayores recursos; la justicia social es darle a cada quien lo que merece”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a evitar la politización del tema y a evaluar los resultados del programa una vez que entre en operación en todo el estado.