Juárez: Colocan Santa Claus de 10 metros en el parque del DIF

Chihuahua.- Un hombre fue asesinado la noche de este jueves en la intersección de las calles Francisco de Lugo y Claudia Romero de la colonia Mármol, en la ciudad de Chihuahua.

La víctima fue identificada como Raúl B. H., de 45 años.

Según reportes, los agresores dispararon contra Raúl B. H. y después huyeron en una camioneta blanca.

Al lugar se movilizaron agentes policiacos para investigar lo ocurrido.

Ciudad de México.- El Senado aprobó una reforma para dotar de seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales.

Con 113 votos a favor en lo general, la reforma busca poner fin a la precariedad laboral y brindar estabilidad a miles de trabajadores.

La senadora Geovanna Bañuelos destacó la urgencia de adaptar las normas laborales a las nuevas realidades del empleo digital, mientras que la senadora Simey Olvera aseguró que la reforma evitará la explotación de los trabajadores al garantizarles seguridad social.

El panista Jesús Martín del Campo señaló que más de 500 mil trabajadores de plataformas digitales tendrán acceso a seguridad social, vivienda, reparto de utilidades y jubilación.

La reforma crea un capítulo en la Ley Federal del Trabajo con nuevas reglas para el trabajo en plataformas digitales, protegiendo a quienes requieren presencia física para prestar servicios.

Se otorgará seguridad social a todos los trabajadores que ingresen más de un salario mínimo de la Ciudad de México, y protección contra accidentes a quienes ganen menos.

Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró el jueves a México responsable de la desaparición forzada en 1999 del indígena maya ch’ol Antonio González Méndez que apoyaba al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La Corte IDH determinó que México es “responsable internacionalmente por la desaparición forzada” de González Méndez, que sucedió en el contexto de violencia que enfrentó el estado sureño de Chiapas. Esta se intensificó a partir del 1994, tras el alzamiento del EZLN, cuando “tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de la política estatal contrainsurgente, el Plan Campaña Chiapas”.

La institución judicial interamericana reconoció que los grupos paramilitares “operaban con apoyo, tolerancia, y aquiescencia del Estado, con el objetivo de neutralizar fuerzas u organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN”.

González Méndez, quien era integrante de las bases civiles de apoyo al EZLN y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, “fue visto por última vez cerca de una zona donde actuaba el grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’”, y hay señalamientos que indican que “la última persona con la que tuvo contacto tenía vínculos con dicha agrupación”, refiere el comunicado de la instancia internacional.

La Corte IDH también cuestionó la actuación del Estado mexicano por la “falta de una investigación adecuada de los hechos”, así como la “afectación a la integridad personal” de los familiares de González Méndez.

La sentencia de la Corte IDH fue considerada como “histórica” por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que acompañó a la familia de González Méndez en su búsqueda.

La organización humanitaria local dijo en un comunicado que si bien la sentencia es un “avance significativo”, es “imprescindible" que el Estado mexicano y sus fuerzas armadas cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH y esclarezcan el paradero de González Méndez, y que además se inicie una investigación exhaustiva para esclarecer las “violaciones graves a los derechos humanos” ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentó desde los años 90 en Chiapas.

El EZLN se alzó en armas el 1 de enero de 1994 y nunca depuso las armas, aunque desde hace décadas optó por el activismo social y la autogestión de sus territorios.

Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el jueves su respaldo a una sentencia que emitió un tribunal colegiado de apelaciones del estado norteño de Nuevo León que confirmó una condena contra cinco militares involucrados en el asesinato de dos jóvenes en 2010. Los militares también fueron responsabilizados de alterar la escena del crimen con el objetivo de simular una agresión en su contra.

Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, ambos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, fueron asesinados por los uniformados el 19 de marzo de 2010 dentro del campus universitario alentado los cuestionamientos contra la participación de los militares en labores de seguridad pública en México.